El Gobierno aprobó un convenio para prevenir la trata de personas en comunidades indígenas

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas formalizó un acuerdo con el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, orientado a la capacitación, difusión y detección de casos en territorios indígenas.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) aprobó un Convenio Marco de Cooperación con el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, con el objetivo de fortalecer acciones de capacitación y difusión vinculadas a la prevención y detección de delitos de trata en comunidades indígenas.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 2/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente del organinsmo, Claudio Bernardo Avruj, y contempla la implementación de políticas, programas, planes y herramientas orientadas a abordar la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, así como la extracción y venta de órganos, tejidos y fluidos, el trabajo infantil y forzoso, la reducción a la servidumbre, la privación sistemática de la libertad, el grooming y otras formas de explotación.

Según se desprende de los considerandos, el convenio establece un marco de colaboración entre ambos organismos para desarrollar acciones conjuntas que permitan mejorar la detección de casos y promover el conocimiento de estas problemáticas en los territorios donde habitan pueblos indígenas.

El texto recuerda que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, creado por la Ley 23.302, es el organismo encargado de llevar adelante las políticas públicas destinadas a las comunidades indígenas en todo el país. En ese marco, destaca el rol de la Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas, responsable de diseñar e implementar políticas de promoción y protección de derechos, y de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas, orientada a impulsar la participación de los pueblos indígenas en los procesos de elaboración de políticas públicas.

Por su parte, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, creado por la Ley 26.842, tiene entre sus funciones desarrollar acciones para aumentar la capacidad de detección, persecución y desarticulación de redes de trata, así como garantizar a las víctimas el pleno ejercicio de sus derechos, facilitando el acceso a servicios de atención integral gratuita.

La resolución subraya que la aprobación del convenio se enmarca en el cumplimiento del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y de las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, orientadas a la protección de sus derechos e integridad.