29 de julio 2006 - 00:00
El Gobierno asegura que hay una política restrictiva de circulación de armas
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En febrero, poco después de asumir en el Renar, Raúl Garré había incrementado las exigencias para determinar la aptitud psicofísica, pero el cambio regía para las nuevas habilitaciones y no para las ya otorgadas, como la de Ríos.
"En febrero introdujimos la exigencia de un certificado de aptitud psicofísica acompañado de una historia clínica, punteando específicamente cada uno de los elementos que debió haber verificado el profesional interviniente", señaló el funcionario.
Con ello, se buscó "un mayor compromiso del profesional. Establecimos además que la aptitud física debía ser certificada por un médico clínico y la aptitud psíquica, por un psicólogo o ambas juntas a través de un médico psiquiatra", detalló.
"Ese cambio fue una búsqueda de más celo para verificar y constatar los requerimientos en esta materia, pero no estaba vigente cuando Ríos renovó su condición de legítimo usuario", un tenedor de armas sin derecho a portarlas, subrayó Garré.
Los certificados vigentes otorgados antes de febrero, añadió el funcionario, "fueron convalidados por un dictamen de la Academia Nacional de Medicina que establecía que cualquier profesional médico, con la matrícula en regla, estaba en condiciones de emitir opinión sobre la aptitud psicofísica de cualquier persona que pretendiera registrarse como legítimo usuario" de armas.
Esa era la situación de Ríos, de 27 años, detenido por una serie de ataques a balazos, el último de los cuales terminó este mes en Belgrano con la vida de Alfredo Marcenac, un estudiante universitario oriundo de Necochea.
"Si él (Ríos) portó el arma fuera de su domicilio lo hizo violando la ley y además cometió el presunto delito de dispararla en la forma en que lo señalan los testigos de la causa", agregó el titular del Renar.
En cuanto a la polémica surgida sobre el funcionamiento del Renar, Garré sostuvo que "no es con actitudes catárticas que vamos a resolver el problema de las armas, sino con una política ordenada y racional".
"El caso de Ríos tuvo mucha repercusión en la prensa y es explicable, pero a mí me preocupan más los que no han regularizado su situación registra con el Renar y me preocupa más el volumen del mercado negro de las armas", expresó.
"Yo diría que, más allá de algunas estadísticas que leo en los diarios, todo indica que el 99 por ciento de los delitos se cometen con armas no registradas", agregó.
Según Garré, "lo primero es asumir la responsabilidad de saber dónde estamos parados, cuántas armas hay y cuántas potencialmente hay fuera del circuito legal, para a partir de esa información tomar decisiones inclusive en materia legislativa con absoluta convicción y responsabilidad".



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