El Gobierno fijó controles previos para los planes de retiro voluntario en la administración pública

La resolución conjunta entre la Secretaría de Transformación del Estado y la Secretaría de Hacienda establece que los organismos deberán contar con la aprobación previa de ambas áreas para implementar regímenes de retiro o desvinculación voluntaria.

El Gobierno estableció una serie de controles previos para el retiro voluntario.

El Gobierno estableció nuevos mecanismos de control para la implementación de planes de retiros voluntarios u otras formas de desvinculación laboral en el sector público. La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución Conjunta 50/2025, firmada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda, y publicada en el Boletín Oficial.

Según la norma, los organismos descentralizados, entidades y empresas estatales que promuevan este tipo de regímenes deberán contar con la intervención favorable previa de la Subsecretaría de Presupuesto (dependiente de Hacienda) y de la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público (de la Secretaría de Transformación del Estado).

En el caso de las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional Centralizada, el diseño y aprobación de estos regímenes estará a cargo de la Secretaría de Transformación del Estado, con la intervención de Hacienda “en el ámbito de sus competencias”.

El retiro voluntario para empleados públicos tendrá controles previos.

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Qué establece la resolución del Gobierno

La resolución también dispone que las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado deberán tramitar sus programas de retiro voluntario con la aprobación previa de las mismas áreas competentes.

Los organismos que impulsen estos planes deberán adjuntar un informe detallado con la fundamentación, la dotación de personal alcanzada, las condiciones de adhesión, las modalidades de pago, la estimación de costos y la certificación de suficiencia presupuestaria.

Asimismo, deberán notificar oficialmente a las direcciones nacionales de empleo público y de inversión en capital humano la instrumentación y cada caso de adhesión, incluyendo datos como nombre, CUIL, cargo, fecha de retiro, monto total y esquema de pago.

La medida, firmada por Maximiliano Matías Narciso Fariña (Transformación del Estado) y Carlos Jorge Guberman (Hacienda), entra en vigencia a partir de hoy con su publicación en el Boletín Oficial.

El empleo público volvió a caer y acumuló una sangría de 53.345 puestos en la era de Javier Milei

El ajuste al Estado y a los puestos de trabajo de la administración pública continúa siendo bandera de campaña del gobierno de Javier Milei. En el informe difundido este jueves por el Ministerio de Desregulación y Transformación que conduce Federico Sturzenegger, se destacó que hubo una caída de 1.164 en la nómina durante julio y en los primeros 20 meses de la administración libertaria ya se destruyeron 53.345 empleos (-10,6%).

La estrategia del Gobierno comenzó por finalizar contratos, continuó con retiros voluntarios y, en los últimos meses, se basó en el ajuste salarial para que los propios empleados estatales elijan retirarse.

Según el índice de salarios estatales registrados, el poder adquisitivo cayó 14,3% entre noviembre de 2023 y junio de este año. Sin embargo, fuentes gremiales informaron que el derrumbe salarial llegó al 27% real en el caso del Nivel D Grado 0.