16 de enero 2008 - 00:00
Fernández: reprimió Prefectura a empleados del casino de Cristóbal López
Resulta al menos curioso que el gobierno haya hecho mutis sobre un caso de represión de manifestantes, como ocurrió ayer con las protestas por despidos en el casino flotante de Puerto Madero. La fuerte seguridad aparece cuando se trata de una empresa en la que tiene sus intereses el capitalista del juego Cristóbal López, un amigo de los Kirchner. Este, al parecer, puede torcer una actitud oficial tradicionalmente permisiva con respecto a cortes de calles, piquetes y todo tipo de manifestaciones,-ante los que siempre impusola consigna de dejar que los conflictos se desarrollen libremente. En este caso, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, hizo que la autoridad proceda. En otros, no.
-
Caso Agostina Vega: trasladaron a tres mujeres tras un nuevo allanamiento en la casa del principal sospechoso
-
Día del Ejército Argentino: este 29 de mayo la fuerza cumple 216 años de historia
La Prefectura esta vez rodeó a los empleados del casino flotante
en un día de caos para el tránsito. Hubo empujones,
golpes y marchas que complicaron el centro porteño toda la
tarde.
La protesta trataba de impedir el ingreso de los empleados del casino, justo en el cambio de turno, para lo cual los manifestantes bloquearon una de las principales arterias de Puerto Madero, Moreau de Justo.
Por otra parte, el secretario gremial del Sindicato de Juegos de Azar, Ariel Fassione, denunció que los 2.000 empleados del casino son objeto de «agresiones constantes» con piedras y de «amenazas», y dijo que hay «seis o siete» delegados sindicales, que fueron separados del gremio, que insisten con su actitud.
Fassione indicó que, de los empleados despedidos, 40 ya llegaron a un acuerdo económico con la empresa participada en partes iguales por Cirsa y la local Casino Club.
Además se agregó ayer un portavoz de la empresa, quien dijo que «bajo ningún aspecto» los despedidos serán reincorporados porque se trata de «gente violenta», denunciada ante la Justicia Penal por los disturbios de noviembre último.
El gerente de Recursos Humanos del casino, Gustavo Ratti, se quejó de que los despedidos con los que no se llegó a un arreglo son 66, mientras quienes se manifiestan a las puertas del casino «son unos 400; personas que no tienen nada que ver con los trabajadores».
El propio Fassione dijo que los últimos trabajadores del casino flotante que están en conflicto «no serán reincorporados» y estimó que «están agotadas todas las instancias».
«Con esta gente, si bien no será reincorporada, se intentará llegar a un arreglo económico como muestra de buena voluntad», sostuvo Fassione.
El dirigente dio una conferencia de prensa junto con representantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y acusó a los trabajadores de ser «un grupo que responde a intereses personales».
Fassione también dijo que los despedidos «son 50 trabajadores que están acompañados por organizaciones piqueteras que no tienen nada que ver en el conflicto».
Ratti, por su parte, reconoció que «de las 80 mesas hay sólo 30 habilitadas, pero eso no es por falta de personal, sino porque los clientes no pueden ingresar al casino».



