13 de mayo 2009 - 12:01

Fernández y Scioli criticaron el sobreseimiento de "mula" denunciada por su médica

Aníbal Fernández
Aníbal Fernández
El polémico fallo por el cual se liberó a un traficante que había ingerido cápsulas de cocaína y fue denunciado por la médica que lo atendió en un sanatorio fue criticado por varios dirigentes políticos y funcionarios.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; el gobernador bonaerense y Daniel Scioli coincidieron en reivindicar la acción de la médica, que fue desestimada por la Justicia por entender que violó de esa manera el "secreto profesional".

Aníbal Fernández, en declaraciones a una radio porteña, explicó que la médica no se metió en una cuestión personal, pues no denunció "la presencia de un `porro` en el bolsillo de una persona", sino el traslado de un producto que "va a ser nocivo para cualquiera que lo consuma".

Sobre el ciudadano boliviano que ingirió una docena de cápsulas con drogas, dijo que "hay que separar la paja del trigo", ya que quien hace eso "es un perejil, una mula, gente desesperada por el hambre".

Fernández dijo que la política del Gobierno es "no criminalizar al adicto ni al consumidor", pero aclaró que reivindica "la actitud de la médica y de todos lo médicos que ante una situación similar lo denuncien".

Agregó que casos así hay que investigarlos porque "por esa misma punta podemos llegar a quién lo buscó, quién lo contrató y quién es el responsable de la situación".

En tal sentido, Fernández dijo que "hay que revisar en el marco de las responsabilidades profesionales elementos que sean contundentes, porque también estaba en riesgo la propia vida del imputado, y entonces por qué el profesional se va a callar si tiene la responsabilidad de hacerlo saber al ámbito que corresponda".

En tanto, el gobernador Daniel Scioli sostuvo que "en estos temas hay que ser contundentes: no hay secreto profesional que valga".

"El mensaje tiene que ser claro; la droga es la contracara de la vida, y eso no significa que no trabajemos en la recuperación del adicto, pero cuando hay estos mercaderes de la muerte dispuestos a todo, el Estado tiene que estar también dispuesto a combatir con todas las armas del Estado de Derecho", advirtió. 

El hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2007, cuando el imputado se presentó en la guardia de emergencias del Sanatorio Mitre, de esta Capital, donde una médica lo atendió.

Según el fallo de los camaristas, "el paciente le manifestó que había ingerido, dos días antes, diez cápsulas con cocaína en su país de origen a cambio de u$s 200, pero una vez arribado a esta ciudad, sólo habría expulsado dos o tres cápsulas y comenzó a sentir fuertes dolores estomacales, por lo que se presentó a la clínica privada".

Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero consideraron que no era válido "dar curso a una persecución penal a partir de los datos que brindara el médico a los agentes policiales, cuando esa información le fue comunicada por el paciente dentro del marco de la asistencia terapéutica y, en particular, cuando esa información era indispensable para el éxito de su curación y estaba en riesgo su vida".

"Difícilmente podría existir una adecuada atención médica si la persona no confía en que su médico guardará secreto de todo aquello de lo que se entere o comunique de forma confidencial en el marco del tratamiento de su padecimiento", añadieron.

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