Martín Converset, un juez porteño, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que le otorgue a un ciudadano de Armenia, sin empleo y con discapacidad, una prestación económica que le permita cubrir sus necesidades habitacionales, informaron fuentes judiciales.
20 de febrero 2024 - 14:22
Garantizan el derecho a una vivienda digna para un ciudadano con discapacidad
El juez ordenó que se le otorgue al ciudadano con discapacidad una prestación económica. El hombre se encuentra sin empleo.
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El hombre tiene 57 años y problemas cardiovasculares
La medida cautelar se dictó a favor del hombre de 57 años a quien se lo identificó como A.C para mantener en reserva su identidad. Según indicaron, luego de su radicación en la Argentina, se desempeñó como cocinero y cartonero. Sin embargo, en 2016 y 2017 tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una afección en el corazón.
Las declaraciones del ciudadano con discapacidad
A.C alquila una habitación en Adolfo Alsina al 1.700 en CABA y, con la asistencia de un defensor oficial, expuso que luego de obtener su Documento Nacional de Identidad, fue incorporado al Programa Atención a Familias en Situación de Calle, sin embargo, aseguró que el dinero que recibe es insuficiente para cubrir los gastos de la habitación.
En relación a su estado de salud, contó que en 2021 sufrió un accidente cerebrovascular (ACV). Por esa razón, el GCBA le otorgó un Certificado Único de Discapacidad donde consta que padece hemiplejia con anormalidades de la marcha y de la movilidad, disnea e insuficiencia cardíaca, motivos por los que recibe atención en el Hospital Argerich.
La explicación del juez
Para conceder la medida cautelar hasta que se dicte "sentencia definitiva", el juez porteño Converset consideró que la Constitución dispone que "la ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos" y "asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas".
La ley fundamental local también "reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado" para personas como el demandante. Según evaluó el juez, el hombre se encontraría atravesando una situación de "extrema vulnerabilidad social y no contaría con una red de contención que pudiera brindarle ayuda".
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