Cuando se incorporen los nuevos miembros y si no hay más éxodos, la Corte Suprema de Justicia deberá sumergirse en una áspera discusión sobre la obligatoriedad del examen de ADN para supuestos hijos de desaparecidos.
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El Tribunal Supremo había creído terminado el tema en octubre pasado cuando en un fallo reconoció el derecho individual de una persona para no someterse contra su voluntad a un examen de sangre para proteger su derecho a la intimidad.
La sentencia en cuestión correspondió a Evelyn Vázquez, la joven hija de desaparecidos que nació en la Escuela de Mecánica de la Armada y cuyo padre apropiador Policarpio Vázquez confesó haberla inscripto en forma irregular.
En ese caso, la Corte le dio la razón a Evelyn que se negó a conocer su verdadera identidad en forma compulsiva a través de un estudio de sangre. En su sentencia respetó las leyes que protegen la negativa de las personas mayores de edad a prestarse a que su cuerpo o un elemento de éste sean utilizados como prueba para posibilitar la condena a aquellos que la ley procesal autoriza a proteger.
Pero resulta ahora que el gobierno respaldó un proyecto de ley, presentado por una diputada justicialista, que promueve la posibilidad de que la Justicia disponga la realización compulsiva de análisis de ADN para los casos de presuntos hijos de desaparecidos. De aprobarse la ley -y si la Corte no declara inconstitucional-todos los supuestos hijos de desaparecidos hoy mayores de edad estarían obligados a un examen de ADN. Incluidos Marcela y Felipe, los hijos de la propietaria del diario «Clarín» la señora Ernestina Noble de Herrera que se han opuesto a someterse a estudios genéticos.
•Propuesta
El proyecto en cuestión fue presentado por la diputada Stella Maris Córdoba ( PJTucumán) y contó con la colaboración del secretario de Derechos Humanos, Eduardo-Luis Duhalde.
La iniciativa, que fue presentada en diciembre último (lo adelantó este diario), propone que la Justicia pueda disponer la extracción compulsiva de sangre, en casos de que se trate de una persona sobre la que se intenta determinar si es hija de desaparecidos.
Y se aclaró que la obligatoriedad regiría «sólo en el caso de resultar infructuosas las diligencias practicadas para la obtención no compulsiva de elementos que contengan la información genética necesaria para la realización de los estudios pertinentes».
El texto del proyecto establece que «el Estado deberá prestar asistencia y protección psicológica a las personas involucradas» en el caso y garantizar «el carácter reservado» del asunto.
En ese punto, establece «guardar estrictareserva del nombre y apellido actuales, imagen y demás circunstancias identificatorias de la persona cuya filiación se procure establecer».
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