Insólito: empresa tomada rechazó tres inspectores

El hotel Bauen se ha convertido en un caso testigo de la política del gobierno nacional y de la Capital Federal hacia empresas tomadas. Consintió la ocupación, dio subsidios, pero toleró que se rechazasen tres inspecciones ordenadas bajo el temor de un nuevo Cromañón.

El Gobierno porteño y los legisladores de la Capital Federal avanzarán esta semana con una nueva expropiación, la del ex hotel Bauen de la avenida Callao y Corrientes. A ese edificio acudieron en varias oportunidades, este año, los inspectores de la Ciudad, por orden de la Justicia Contravencional porteña, para verificar una denuncia por supuestas obras constructivas en falta, pero la cooperativa que ocupa las instalaciones les impidió el paso.

Es curioso que no se haya dado a conocer este hecho durante la gestión del duhaldista Juan José Alvarez al frente de la Secretaría de Control Comunal porteña, cuando el ex funcionario recibió la denuncia al respecto y buscó un impacto mediático de cada uno de sus controles. Pero nada se dijo sobre el impedimento, en tres ocasiones, para entrar en ese inmueble y verificar las condiciones de seguridad, ya que el mismo funciona para distintas actividades abierto al público.

La respuesta del Gobierno porteño es que no saben si hay o no obras nuevas dentro del edificio y menos si constituyen un peligro porque se les impidió el ingreso.

Una singular crisis se produce por estos días en el Gobierno porteño, referida a la política que Aníbal Ibarra y Néstor Kirchner llevan en relación con la expropiación de empresas. Funcionarios de los dos gobiernos participaron el viernes pasado en una exposición de ese conjunto de firmas que cedieron a los trabajadores. Quieren ahora sumar el ex hotel Bauen, pero por un lado el kirchnerismo, que alienta esa política, asegura contar con el guiño del jefe porteño para la expropiación y por otro, desde el mismo Gobierno de la Ciudad intentan clausurar las instalaciones del hotel. El hotel no contaría con la habilitación que corresponde para funcionar y además habrían realizado obras sin permiso dentro del edificio.

El Gobierno de la Ciudad, además, ya firmó hace dos años una carta de intención para expropiarlo, que por otra parte le condona una deuda de cerca de $ 4 millones en impuestos municipales. Sin embargo, la operatoria se trabó cuando los propietarios, Mercoteles SA, reclaman la posesión del inmueble, de 224 habitaciones, 8 salones y otras comodidades.

El hotel fue cerrado el 28 de diciembre de 2001, tras la quiebra de la firma Solari SA que era concesionaria de Mercoteles SA. Por entonces tenía en su plantel a unos 150 empleados. A los pocos meses 40 de ellos hicieron una cooperativa, como les aconsejan en estos casos los abogados de empresas recuperadas como Diego Kravetz, titular hoy del bloque del kirchnerismo en la Capital Federal. Lograron que el juez que entendió en la quiebra les diera la posesión temporaria del lugar.

En medio de la situación el gobierno porteño, la empresa, la cooperativa, la Legislatura y el Movimiento Nacional de Empresas recuperadas, suscribieron un convenio para que «la cooperativa pueda reabrir el Bauen Tower Hotel a la mayor brevedad posible».

Entre las cláusulas figuraba que el gobierno haría una compensación de la deuda de impuestos municipales con «el derecho de uso del teatro» que se encuentra en el inmueble, pero la firma debía pagar una caución de $ 4 millones, pero, además, el gobierno daría un subsidio. De retomar esa carta de intención, el gobierno porteño debería pagar el inmueble que los propietarios originales adquirieron con un crédito del disuelto Banco Nacional de Desarrollo (Banade).

• Denuncia

En medio de esas intenciones, el mes pasado Mercoteles denunció ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y a la Justicia Contravencional que en el hotel se realizó una «obra clandestina con eventual peligro hacia terceros, toda vez que se construyó sin existir permiso de obra si quiera planos presentados y aprobados y no mediando autorización alguna por nuestra parte». La misma denuncia se realizó al Gobierno porteño y a la Dirección de Obras y Catastro que depende la Secretaría de Control del Ejecutivo de la Ciudad, que tiene a cargo Diego Gorgal, sucesor de Alvarez. La firma Mercoteles, que reclama la posesión del inmueble, hizo hace quince días una presentación judicial en la que explicó que «en el edificio de mención no se cumple con las medidas de seguridad necesarias, no se halla habilitado por la Municipalidad para ese tipo de explotación, no controlado por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal el tema de seguridaden incendios, tampoco hay escalera de incendios, las puertas de salida de emergencia no se encontrarían operables y algunas de ellas están soldadas».

La empresa, además, aseguraa la Justicia que « considerando lo acontecido a fin de año en el local bailable de Once, República de Cromañón, donde no se había cumplido con las medidas necesarias de prevención, es que venimos a poner en conocimiento esta serie de irregularidades».

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 9 remitió durante el verano a la Dirección de Fiscalización Control -encargada de las habilitaciones y permisos de obra- el oficio Nº 409, mediante el cual informa sobre hechos denunciados en los autos caratulados «SOLARI SA s/Quiebra», por parte del propietario del inmueble de Callao 360 sobre supuestas condiciones de inseguridad en las que estaría el lugar. El 17 de febrero pasado se presentaron en el local inspectores de la Ciudad, según informaron a este diario integrantes de la Secretaría de Seguridad y Control Comunal, a fin de realizar una inspección, pero «se obtuvo una obstrucción de procedimiento», según consta en el expediente respectivo. Tiempo después, el 3 de marzo pasado, el gobierno recibe una denuncia del director suplente de Mercoteles SA, Samuel Kaliman, solicitando «tomar urgente intervención» debido al «peligro hacia terceros existente en el Hotel Bauen» por la supuesta existencia de obras clandestinas, por lo cual se envía una nueva inspección, el 17 de marzo, que otra vez da cuenta de la « obstrucción de procedimiento», que queda inscripta en el Registro Nº 387/ DGFyC/2005. Recientemente, el 8 de abril, por requerimiento de la Fiscalía Contravencional Nº 3, se hace el tercer intento de inspeccionar el lugar ya con asistencia de la Policía, pero el hotel estaba cerrado. «En ninguna ocasión pudo comprobarse la existencia o no de deficiencias en las condiciones de seguridad», explicó Gorgal. El funcionario admitió que en «la programación de inspecciones no se encuentra determinado como rubro especial a las empresas recuperadas, de modo que no hay direccionado hacia ellas una prioridad especial de actuación».