Brasilia - Un proyecto de ley que será votado mañana en una comisión del Senado brasileño para controlar Internet generó un acalorado debate que involucró al gobierno, proveedores, legisladores y usuarios.
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La iniciativa de un senador de la oposición socialdemócrata para reducir los delitos cibernéticos hace recaer en las empresas proveedoras la responsabilidad de la identificación de los usuarios, mediante presentación de varios documentos para cualquier servicio interactivo, como enviar e-mails, chatear o descargar música y películas.
El proyecto de ley establece una pena de dos a cuatro años de prisión contra dueños de firmas proveedoras que no hayan identificado a los usuarios.
Las nuevas disposiciones, si son aprobadas, sancionan, además, con penas de uno a cuatro años de prisión delitos como difusión de virus, robo de contraseñas, atentados contra la seguridad de servicios de utilidad pública y acciones que causen la interrupción de las redes de telefonía o computación.
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