La Policía cordobesa inició una investigación ante un faltante de unas 70 armas que estaban guardadas en la comisaría sexta de la capital cordobesa, luego de que fueran secuestradas a delincuentes.
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Así lo confirmó esta mañana el abogado Alberto Bertea, titular del Tribunal de Conducta Policial (ex dirección de Asuntos Internos), quien indicó que el hecho se inició a partir de la denuncia del responsable de esa dependencia policial, comisario Julio González.
Bertea señaló que "aún no se conoce el total del faltante de armas", aunque admitió que en principio se habrían denunciado "unas 70".
En declaraciones a una radio cordobesa, el abogado se excusó de dar mayores detalles por "el secreto del sumario" impuesto por la fiscalía que tomó intervención en el hecho.
De todos modos, el letrado aclaró que "la denuncia primaria del comisario González hacía referencia a un número mayor de armas", pero indicó que "después se descubrieron armas en otras dependencias de esa misma comisaría".
Por tal motivo, Bertea calculó que la cantidad de faltante es inferior a la mencionada, y que atento a eso "se está realizando un pormenorizado análisis de los libros de ingresos y salidas de armas" de esa comisaría.
De todos modos, el funcionario admitió que existe "una disposición de la Fiscalía General de la Provincia que prohíbe que las armas secuestradas a la delincuencia permanezcan en dependencias policiales", y que ellas deben ser remitidas a un depósito general en el edificio de Tribunales II, "tema que también se investiga en las actuales actuaciones".
Esta disposición la tomó a fines del año pasado el fiscal general Gustavo Vidal Lascano, a partir de firmes sospechas y comprobaciones fehacientes en distintos casos, que esas armas eran alquiladas o vendidas nuevamente a los delincuentes.
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