Los juicios por riesgos del trabajo volvieron a dispararse: en octubre se iniciaron 11.851 nuevas demandas, un 14,3% más que el mismo mes del año anterior. En estos primeros 10 meses se registra un aumento del 7,6%, por sobre un 2023 que ya había crecido 25%. La situación es alarmante: de enero a octubre los casos ascendieron a 105.960 y se estima que en los 2 meses que faltan ingresen otros 22 mil, cerrando 2024 con 128.000 nuevos juicios.
15 de noviembre 2024 - 13:09
Industria del juicio: advierten que en lo que va del año se iniciaron casi 106.000 procesos
Solo en octubre se iniciaron 11.851 nuevas demandas. Algunos empleadores afirman que esto atenta contra la generación de empleo.
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Se realizaron 105.960 juicios laborales en 2024.
Para la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), esta tendencia en la judicialidad se ha convertido en uno de los lastres que ahoga la generación de empleo de calidad en el país. Las ART hoy cubren a 10.148.061 personas (trabajadores asalariados en blanco) y a 1,06 millón de empleadores. Pero esa población de trabajadores podría duplicarse si se considera a los independientes (registrados y no registrados) y a los asalariados informales.
Desde 2017, la Ley 27.348 incorporó como obligación, la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) por parte de la Justicia. Obligación que aún sigue pendiente en todas las provincias adheridas con excepción de Mendoza (que avanzó con una primera conformación). En el caso de CABA, al no tener fuero laboral propio, dicha obligación recae en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La implementación de esa figura es clave para desactivar esta “bomba de tiempo” judicial.
Los números hablan por sí solos: Provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe encabezan el ranking de provincias con mayor cantidad de demandas: 42.550, 19.206 y 13.968 casos en el año, respectivamente.
A modo de referencia, para 2023 Argentina tuvo 114,2 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos, mientras que países como España y Chile registran apenas 9,5 y 5,8.
El caso de la pyme del gas y el petróleo que está en riesgo
Una pyme con más de 45 años en el sector de los hidrocarburos está al borde de la fractura. Un juicio laboral que se inició con una indemnización por $1,5 millón, pero que ahora escaló a $30 millones, la puso contra las cuerdas. Por este litigio, que hoy está en la Corte Suprema de Justicia a la espera de una resolución final, peligran decenas de fuentes laborales. Pero para peor, el caso generó pavor entre los proveedores pymes del petróleo y el gas porque temen que haya una onda expansiva de la “industria del juicio” en los próximos meses.
El caso se inició en 2020 cuando un trabajador con apenas dos años de experiencia en la empresa “dejó de asistir por voluntad propia”, según cuentan los empleadores. A partir de ahí, se inició un largo camino de idas y vueltas judiciales, que ahora están por llegar a su fin. “Nos envió un cúmulo de mentiras e inventos a través de carta documento, y tuvimos que demostrar que todo era falso”, explicó consternado por la situación el emprendedor pyme, hijo del fundador de la compañía, dedicada a la fabricación válvulas industriales.
“Al revés del fuero penal, donde uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario, tuvimos que presentar muchísima información, a sabiendas que había hechos imposibles de demostrar. Y él con dos testigos logró que un juez le firme a favor”, destalló el empresario afectado.
En esa primera instancia la Justicia determinó que a “E.M.” le correspondía $1.522.099 de indemnización, unos $700.000 menos de los que pidió en ese momento, que rondaban los $2,2 millones. Pero el caso siguió y en la Cámara obtuvo un fallo a favor que actualizó el monto por inflación: ahora son $29.131.309.
Si se tienen en cuenta el monto por intereses impagos, que suele aplicarse una tasa de entre 6% y 12% anual, el monto final que la Corte podría calcular es de $42.407.603. “Cuarenta y dos, el número del industricidio”, afirmó el demandado.
La pyme en el ojo de la tormenta es una exportadora de piezas complejas, de fabricación nacional, con clientes en varios países de Sudamérica, y más de 100 empleados actualmente. Posee una planta industrial con tecnología avanzada en la zona norte del conurbano bonaerense y se destaca puertas adentro de otras pymes por el trato diferencial con sus “colaboradores”, como le dicen ahora a los empleados.
Los dueños de la pyme piden una Justicia de ojos vendados, espada en una mano y la báscula en la otra. “Sufrimos una justicia laboral que sin mirar a quien, procede del mismo modo, de forma sistemática y corporativa, sin importar si tiene en frente una pyme irregular con empleados informales y empresarios impresentables, o una empresa ejemplar que genera más y más empleo, año tras año, y es referencia en sector y el país”, lamentó el empresario.
¿Hasta cuándo seguirá este problema que impacta directamente en la economía y en la productividad del país?
Desde la UART, solicitamos una vez más a los Poderes Judiciales de las provincias adheridas a la Ley, que cumplan y constituyan los Cuerpos Médicos Forenses, para bajar los juicios a niveles razonables y no frenar la creación de empleo de calidad.
Solicitamos una vez más a los Poderes Judiciales el cumplimiento de la norma. El ordenamiento de las pericias judiciales, redundará en menor judicialidad y mejores empleos. Con los Cuerpos Médicos Forenses se profesionaliza y objetiviza la valoración del daño, a la vez que se unifican los criterios entre la instancia administrativa de las Comisiones Médicas (validadas recientemente con un nuevo fallo de CSJN por unanimidad) y la instancia judicial. Es una herramienta clave de equidad para el trabajador y para el funcionamiento de un sistema de seguros, sinónimo de inmediatez e integralidad de la cobertura-.
Esta figura pericial en la justicia, prevista en la Ley, también terminaría con sobrecostos al eliminar el cobro de honorarios atados al monto de la sentencia, ya que los profesionales cobrarían por sueldo o acto médico. Y de esta manera se desarmaría un incentivo perverso: a mayor pericia, mayor honorario.
A casi 8 años ya de la sanción de la Ley 27348 resulta inexplicable esta demora generalizada en la creación de los Cuerpos Médicos Forenses. Máxime en este contexto donde la creación de empleo formal es uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestra economía.
Las estimaciones de juicios para el año en curso anticipan volver a valores cercanos a los 130 mil de 2017, año en que se sancionó con amplio apoyo de todos los sectores, la reforma justamente diseñada para acabar con este gravoso flagelo.