Julieta Díaz denunció "crueldad pornográfica" del Gobierno por frenar un amparo colectivo para personas con discapacidad

Se trata de una causa radicada en la ciudad bonaerense de Campana que buscaba garantizar las prestaciones del programa Incluir Salud para miles de familias.

Julieta Díaz denunció la difícil situación de las personas con discapacidad por el ajuste del Gobierno.

La actriz Julieta Díaz, madre de una persona con discapacidad, denució este viernes al Gobierno de Javier Milei de ejercer una "crueldad pornográfica" por frenar un recurso de amparo colectivo en la ciudad bonaerense de Campana, que buscaba garantizar las prestaciones del programa Incluir Salud para miles de familias.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Díaz cuestionó la decisión de las autoridades y vinculó el caso con el escándalo de corrupción en la ANDIS, donde se investiga el desvío de fondos destinados a medicamentos para personas con discapacidad.

"Nos dijeron que no había plata, la robaron y le robaron a las personas más vulnerables del país. Después de que el caso de la ANDIS salió a la luz, frenaron el amparo a la vista de todos", afirmó la actriz, quien recordó que el programa Incluir Salud atiende a las personas más pobres, que no cuentan con obra social ni prepaga para acceder a sus medicamentos.

Díaz explicó que el amparo colectivo, impulsado por familias y personas con discapacidad, "avanzaba muchísimo" gracias a un juez honesto que defendía los derechos de los más vulnerables. Sin embargo, funcionarios del Gobierno nacional intervinieron para detener el proceso, impidiendo la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, ya promulgada y lista para ser aplicada.

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Según Díaz, el Procurador del Tesoro de la Nación —máximo representante legal del Estado— presentó una recusación contra el juez que llevaba el caso, alegando que "prejuzgó" al señalar que el decreto presidencial suspendió la ley aprobada por el Congreso. "El juez respondió punto por punto, pero igual tuvo que apartarse, y ahora la Cámara debe designar un nuevo magistrado. Esto demora todo, y es exactamente lo que busca el Gobierno", aseguró.

"El caso ANDIS, todas las coimas y el dinero que fue encontrado en efectivo en la casa de uno de estos personajes que le robó el dinero de los medicamentos a las personas con discapacidad, es una muestra de la impunidad con la que actúan", denunció.

Corrupción en la ANDIS y la lucha por los derechos

La actriz también se refirió al escándalo por corrupción en la ANDIS, donde el fiscal Franco Piccardi investiga a dos empresarios detenidos (uno de los cuales se negó a declarar desde Mendoza) y al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, tras hallarse 700.000 dólares en efectivo y audios que revelarían maniobras para "meter gente para chorear". La causa, que involucra a 15 imputados y una acusación por 48.000 millones de pesos, expone un sistema de desvío de fondos que afectó directamente a quienes dependen de estos programas.

"Hay dos casos muy importantes sobre discapacidad en la justicia federal. Uno es la investigación por corrupción en la ANDIS, y el otro somos nosotros, las familias que hicimos un amparo colectivo porque el presidente sacó un decreto suspendiendo la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Congreso había aprobado y rechazó su veto", detalló Díaz. Más de 20 organizaciones se sumaron al reclamo, pero el Gobierno, según la actriz, utiliza recursos legales para paralizar el proceso y evitar que se cumpla la ley.

Julieta Díaz cuestionó la falta de respuesta ante lo que calificó como un abuso de poder: "Al mismo tiempo que se destapa el caso de la ANDIS, pueden sacar a un juez con una artimaña judicial. La plata que falta entregar, de esa primera partida, no sale. ¿No hay nadie que frene esto o se haga cargo? Les roban en la cara a las personas más humildes y vulnerables de este país", lamentó.

Su testimonio refleja la desesperación de miles de familias que dependen de estos programas para acceder a tratamientos y medicamentos esenciales. Mientras el Gobierno insiste en que "hay que hacer un esfuercito más", Díaz y otras organizaciones exigen que se garanticen los derechos ya reconocidos por ley y que se investiguen y sancionen a los responsables de la corrupción.