Un polémico fallo de un juez porteño obliga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a entregar una licencia de conductor a un condenado o bien a darle trabajo en la administración pública.
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El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Gallardo, benefició a Ariel Pérez, condenado como «partícipe secundario» del delito de «robo con armas». En la medida cautelar, el magistrado ordena al gobierno porteño que le otorgue la licencia de conductor a Pérez para que pueda «sostener su alimentación y la de su entorno» en forma legal. El organismo encargado de emitir el registro le negó esa posibilidad de acuerdo a la normativa vigente, ya que consideró peligroso para la seguridad pública otorgársela. Gallardo sostuvo a la vez que en ese caso la administración pública emplee al condenado «en un puesto estatal acorde con su capacidad y formación».
El juez evaluó que Pérez no resulta «socialmente peligroso» puesto que gozaba de un régimen de prisión en suspenso, pero también dijo que por sus antecedentes penales «dudosamente sería aceptado por estructuras ocupacionales».
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