La iniciativa privada en Capital

La adhesión al régimen nacional de iniciativa privada recientemente sancionado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires busca introducir un nuevo andamiaje institucional que permita favorecer la participación de actores privados en diferentes actividades económicas de la Ciudad. El hecho de alentar nuevas iniciativas para la realización de proyectos de diferente alcance y objetivo genera más oportunidades de fortalecimiento entre el sector público y privado. Se intenta así promover un patrón de relacionamiento asociativo orientado a superar viejas antinomias entre Estado y mercado a fin de viabilizar la concreción de diferentes propuestas que beneficien al conjunto de la sociedad.

En los últimos años se ha desarrollado una vasta discusión internacional en torno al papel del Estado y a la modernización de la administración pública y los mecanismos políticos de dirección. En este sentido, el Estado adquiere hoy un nuevo rol, convirtiéndose entonces en un actor relacional, que busca vincular los ámbitos público y privado en el terreno de la corresponsabilidad. Las transformaciones del estado de bienestar y el consiguiente cambio de rol hacia el Estado relacional reconocen la existencia de múltiples actores que han de ser tenidos en cuenta y corresponsabilizados en la búsqueda y desarrollo de soluciones para los retos de nuestras sociedades actuales. Esta corresponsabilidad comporta, en primer lugar, la existencia de objetivos comunes. En segundo lugar, la asunción de responsabilidades concretas en su consecución y, en tercer lugar, la articulación efectiva de las responsabilidades asumidas por cada una de las partes.

Más aún, la iniciativa pretende, además de ser una política de Estado, responder a una política internacional aceptada como instrumentalmente válida para implementarproyectos de desarrollo multidimensionales. La idea básica del aprovechamiento del interés económico privado para cumplir tareas consideradas tradicionalmente como puramente estatales es un modelo instalado en economías consolidadas que conjuga la promoción de instancias estatales de cooperación con las iniciativas presentadas por actores privados en la persecución de objetivos de desarrollo.

El régimen de iniciativa privada se articula entonces en un marco instrumental orientado a la generación de un mecanismo apto para el desarrollo de actividades de interés y para la canalización exitosa de éstas, la participación administrativa conjunta, un sistema de evaluación y un régimen de incentivos.

Marco sistémico

La participación conjunta de los distintos entes gubernamentales brinda un marco sistémico para la recepción de iniciativas, integrando las unidades administrativas según las competencias; mientras que la generación de actividades desde el sector privado requiere una coordinación planificada tanto entre el actor estatal y el privado, como dentro de las diferentes organizaciones gubernamentales. En esta línea, la creación de una comisión de evaluación y desarrollo de las iniciativas, concentra los mecanismos y procedimientos que permiten tornar viables y ejecutables los proyectos, reforzando la coordinación público-privada que las atraviesa. Asimismo, plasma el objetivo macro de la institucionalización de organismos de control dentro de la gestión pública.

Finalmente, el mecanismo de incentivos y privilegios tiene como objeto el reconocimiento del esfuerzo y los recursos empleados por los generadores de las iniciativas, representando verdaderos estímulos para los diferentes actores. De este modo, la articulación institucional se genera en dimensiones clave para un desarrollo de propuestas anclado en la cooperación y en la estimulación de los distintos actores de la sociedad buscando integrar y amalgamar intereses que suelen pensarse como contrapuestos.

Así, la incorporación de este régimen, sostenido desde la coordinación Estadosector privado, puede producir impactos en diversas dimensiones. Permite fomentar el Estado relacional y por lo tanto el fortalecimiento de relaciones de confianza entre el sector público y el privado para prestar servicios. De este modo, la incorporación de nuevos actores permite también la apertura de alternativas y viabiliza su accesibilidad a toda la sociedad. Al incrementar el interés del sector privado en los servicios públicos, a través de la colaboración en la financiación, el desarrollo profesional, la generación de ideas innovadoras y la participación en los procesos de decisión, se apunta a superar las fallas del mercado aprovechando las sinergias que la colaboración entre sector público y privado genera.

La adhesión al régimen de iniciativa privada resulta entonces un instrumento institucional adicional para lograr los objetivos estratégicos que el gobierno de Mauricio Macri se ha propuesto alcanzar a partir del desarrollo de un nuevo modelo de gestión pública que permita favorecer la consolidación y sustentabilidad del proceso de crecimiento, fomentando el desarrollo permanente de inversiones en materia de obra y servicios públicos cuyo objetivo final impacte en una mejor calidad de vida ciudadana.