21 de mayo 2009 - 22:09

Los últimos diez detenidos por los ataques antisemitas se negaron a declarar y seguirán presos

Uno de los detenidos por los violentos ataques.
Uno de los detenidos por los violentos ataques.
El juez federal Claudio Bonadío indagó a los diez nuevos detenidos por el ataque a la comunidad judía en un acto realizado el pasado fin de semana en el centro porteño, pero se negaron a declarar y continuarán presos.

Los detenidos habían denunciado públicamente que "les colocaron las armas" encontradas en el allanamiento, pero este jueves se negaron a prestar declaración ante el juez que investiga la causa y solicitaron la excarcelación.

Sin embargo, el fiscal Carlos Rívolo negaría el pedido de libertad basado en los "graves delitos" por los que acusan a estos militantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), integrante del izquierdista Frente de Acción Revolucionaria (FAR).

Bonadío se tomó toda la tarde para indagar a los detenidos en su despacho de los tribunales de Comodoro Py 2002, que se suman a los otros cinco que fueron apresados el domingo pasado, y ahora debe resolver en los próximos diez días su situación procesal.

Durante un acto que realizó la comunidad judía el domingo pasado por el aniversario número 61 de la creación del Estado de Israel fueron detenidos Leonardo del Grosso, Viviana Segovia, Damián Vekelo, Daniel Tenzano y Osvaldo Vázquez por haber provocado serios incidentes, y el pasado miércoles se apresó a otras diez personas en Florencio Varela, en un local del FAR.

La Justicia investiga a los detenidos por los presuntos delitos de "lesiones, atentado contra el orden público, resistencia a la autoridad y violación de la lay anti discriminación".

Sin embargo, a través del allanamiento que se realizó en Florencio Varela, el juez ahora sumó a la causa las cuatro armas de fuego y 25 molotovs que se encontraron en el lugar.

"Lo que se va a investigar es la autoría intelectual de las agresiones", dijo a Noticias Argentinas el abogado querellante, Carlos Broitman, que ampliará el objeto procesal y los imputará por "asociación ilícita".

Broitman denunció que recibió en su estudio jurídico una amenaza de muerte, por lo que reclamó una "investigación profunda" para identificar a los responsables.

"Recibió una amenaza mi empleada. Un hombre preguntó por mí y como que no estaba le dijo que me advirtiera: `A ese hijo de puta que mejor se aparte, que se calle, vamos a buscarlo a él, a su hermano y a la esposa de su hermano".

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