El gobierno de la provincia de Buenos Aires sumó desde hoy a más de 200 fiscales para combatir el tráfico de drogas en el principal distrito de la Argentina, donde el consumo de estupefacientes se duplicó en los últimos cuatro años. La medida se puso en marcha con la entrada en vigencia de la Ley 26.052, que establece que los fiscales y jueces de garantías intervendrán en las causas vinculadas a la venta y distribución de droga en casos de menor cuantía. Hasta ahora, estos hechos estaban en manos de los jueces federales de la capital argentina, quienes seguirán a cargo de los «grandes casos», aunque aún no están establecidas las cantidades que dividen a una competencia de la otra, explicaronfuentes oficiales. En la provincia hay en total 237 fiscalías, que estarán encargadas de investigar las denuncias por drogas.
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Las fuentes señalaron que, con esta nueva normativa, la Justicia estará más cerca de los puntos de venta y distribución de drogas. Por su parte, el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, indicó que esta norma «es una decisión que forma parte de una nueva política criminal». La ley establece penas de seis meses a tres años en casos de «entrega, suministro o facilitación (de la droga) en forma ocasional y cuando surge inequívocamente que es para uso personal de quien lo recibe».
La iniciativa fue objetada por magistrados y fiscales agrupados en el denominado Foro para la Justicia Democrática (Fojude) ya que sostienen que la Justicia penal ordinaria está sobrecargada en extremo y no cuenta con recursos para absorber el volumen de causas que se generan a diario por posesión de droga para consumo. Las fuerzas de seguridad argentinas destruyeron el año pasado el doble de «laboratorios de cocaína» que en 2003, lo que supone un crecimiento en la producción de esta droga en el país sudamericano.
Fuentes oficiales argentinas aseguran, además, que «narcotraficantes colombianos ya tienen redes armadas en la Argentina» y miran con «preocupación» la acción del narcotráfico brasileño.
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