15 de marzo 2005 - 00:00
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«La irregularidad consiste en haber incluido en los considerandos de los actos -que nunca fueron acompañados al Tribunal- que había mediado intervención judicial», explicó la magistrada, quien aclaró que «el proceso de habilitación conlleva una serie de pasos, uno de los cuales es el proceso de inspeccionar los locales bailables previo a su reapertura». Para ello, recordó la jueza, «se pretende un control judicial que garanticeque dicho paso sea cumplido en legal tiempo y forma».
Petrella recordó que la reapertura de los locales bailables dependía de la inspección judicial que se realizaría con asesoramiento de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, pero en algunos casos faltó ese requisito o al menos no existe la constancia de la intervención de la Superintendencia.
«Resulta a todas luces sorprendente que los actos en cuestión no hayan sido notificados al tribunal. Han transcurrido varios días desde las inspecciones; ciertos locales -conforme versiones periodísticas- se encontrarían rehabilitados, y dicha circunstancia es formalmentedesconocida por el Tribunal», señaló la jueza.
Petrella advirtió que «tal omisión, además de resultar ilegítima dado que implica desconocer los alcances de la medida cautelar, podría incluso declarar nulos los respectivos actos de habilitación».



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