Choferes y agencias de remises solicitaron a la AFIP, al Enacom y a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) solicitaron información vinculada al accionar de Uber en la Argentina y reclamaron reuniones urgentes a los directivos de esos organismos para alertar sobre irregularidades en funcionamiento de la app de transporte público de pasajeros.
Piden a la AFIP, Enacom y SSN información sobre el accionar de una app de viajes en Argentina
Los choferes y agencias de remises exigen a los organismos públicos que aporten datos para saber cómo actúa Uber en el país.
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Esta es una iniciativa liderada por la Federación Argentina de Remises (Farem), pero cuenta con el respaldo de la Asociación de Titulares de Autos de Remise de la República Argentina (ATAR), la Cámara Argentina de Agencias de Remise (CAAR) y la Comisión Paritaria Nacional Permanente de Interpretación y Administración del Convenio Colectivo (Coppiac).
Según indicaron fuentes gremiales, la Farem inició trámites administrativos en cada uno de los organismos públicos para que “den explicaciones” de por qué Uber sigue activo, cuando tiene fuertes denuncias de ilegalidad. Esta avanzada se realizó en paralelo a la denuncia penal promovida contra la app y que se cursa en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2. “Queremos agotar la vía administrativa, si no tenemos respuesta, vamos a juntar todo esto a la causa penal”, advirtieron desde la Federación.
“UBER ha impuesto en nuestra actividad la precarización laboral, la competencia desleal e ilegalidad en todas sus modalidades, desconociendo toda norma nacional, provincial y municipal para prestar el servicio que ostenta en nuestro país”, afirmaron desde el sindicato de conductores de remises.
En ese marco, revelaron que a la Superintendencia de Seguros le reclaman como ente de control que informe la existencia de una cobertura especial de seguros para transporte de pasajeros que publicita la app, como ventiló uno de sus directivos.
A la AFIP le requirieron información sobre la situación tributaria de Uber. “Estamos ante una empresa antijurídica e ilegal que carece de autorización formal para funcionar, que omitió constituir domicilio real, legal y fiscal en nuestro territorio nacional, como tampoco registra CUIT, facturación y pago de tributos en nuestro sistema, lo que implicaría un fraude en perjuicio de la Administración Pública, tipificado por nuestro Código Penal”, subrayaron.
Al Enacom se solicitó el “bloqueo del acceso” a la web y la app de Uber, tal cual lo instó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Correccional y de Faltas N° 16 de CABA en la Causa N° 4.790/16, caratulada "NN (UBER) Y OTROS S/INFR. ART. 73, 74 Y 83 DEL CC”.
Según explicaron los remiseros y agencieros, se trata de una resolución judicial del 2016 confirmada por la Cámara de Apelaciones en 2018 y que obliga a tomar medidas al ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito de la Jefatura de Ministros de la Nación. En concreto, le exige clausurar la web, plataformas digitales y aplicaciones para la contratación de remises por medio UBER. Una acción administrativa similar impulsaron los municipios de Posadas y Bariloche y ante lo cual el Ente no ha emitido resolución formal.
Sobre el fallo, el Enacom ya aseguró que “no tiene competencia para bloquear sitios web ni cuenta con la capacidad técnica para realizar esa tarea”, pero se comprometió a informar de la sentencia a los proveedores de servicios de internet, conocidos como ISP.
En paralelo, los remiseros preparan una cuarta presentación para enviar a la Cancillería, a cargo de Santiago Cafiero. “Queremos ver por qué Uber no firmó el tratado de los Países Bajos, ya que esa aplicación nació en Holanda y para funcionar la Argentina tendría que firmar el tratado de los Países Bajos y sacar el CUIT en la Argentina. Está trabajando con un CUIT de afuera de la Argentina, llevándose los recursos y no pagando ningún impuesto”, sentenció Alejandro Poli, de la Farem.
“Como dirigentes gremiales y fervientes defensores de los trabajadores jamás podemos permitir estas conductas lesivas de sus derechos, a través de fomentar y servirse de esta práctica ilegal que representa el desmedro del trabajador remisero y de nuestra querida República Argentina”, cerró la Federación, en línea con las cámaras empresarias.
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