Procesan a un subcomisario por trata de personas

El juez federal Ariel Lijo procesó con prisión preventiva al exjefe de calle de la comisaría primera de San Miguel, Walter Azor, quien fue arrestado junto al exoficial de la policía bonaerense Miguel Ángel Vara y a 14 civiles, en una causa por locales donde se ejercía la prostitución.

Los locales estaban ubicados en la localidad bonaerense de San Miguel y la causa se inició el 29 de abril con una denuncia en la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

El caso daba cuenta de una mujer retenida en un prostíbulo de la calle Lima al 1.400 de San Miguel que derivó con el proceso de un subcomisario de la bonaerense, procesado por el delito de "trata de persona con fines de explotación sexual".

En la investigación se acreditó el vínculo de Azor con prostíbulos de la localidad de San Miguel, a los que aparentemente les brindaba "protección" para el ejercicio de esa actividad.

El procesamiento con prisión preventiva fue dictado por el juez federal Ariel Lijo y los 14 civiles procesados trabajaban como jefes, custodios y empleados, según consignó Infojus Noticias.

En tanto, en esos prostíbulos se rescataron a más de tres decenas de mujeres, la mayoría de nacionalidad paraguaya, a quienes se mantenía en "precarias condiciones de salubridad e higiene" mientras que a una de ellas se le obligó a practicar un aborto.

Respecto de Azor, el magistrado dijo que "su participación fue esencial ya que de lo contrario jamás podría haber funcionado esta organización, por cuanto él detentaba uno de los cargos con mayor jerarquía -subcomisario de la seccional 1ra- de las fuerzas de seguridad encargadas de combatir este tipo de delitos".

Los policías fueron procesados por los delitos de cohecho y trata de personas agravada "por haberse aprovechado de su situación de vulnerabilidad, por haber estado una de ellas embarazada, porque fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta la llevó a cabo con la participación de más de tres personas, porque se consumó la explotación de sus víctimas y finalmente porque participó personal policial", de acuerdo con el expediente.

La causa afirma que "el personal policial otorgó su asesoramiento a cambio del pago semanal de una suma aproximada a los setecientos pesos; esto era llevado adelante en principio por Miguel Ángel Varas, Walter Roberto Azor y Daniel Ojeda con los dueños y encargados de los prostíbulos con quienes tenían un arreglo económico".