Prohibir no alcanza: el debate detrás de la restricción de redes sociales a menores de edad

Varios países avanzan con límites al uso de redes sociales por parte de menores. Especialistas advierten que el debate no solo es por el impacto en la salud mental, sino que también pone en juego el negocio de los datos, la privacidad y el rol del Estado.

 Las restricciones a adolescentes buscan proteger la salud mental, pero abren interrogantes sobre vigilancia digital, verificación de identidad y el modelo económico de las plataformas.

En 2025 y 2026, varios países avanzaron con medidas para restringir total o parcialmente el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. Australia fue el primero en imponer una prohibición total para menores de 16 años, con multas a las empresas que no verifiquen la edad. España anunció una medida similar, mientras Francia y Dinamarca avanzan con límites. La Unión Europea (UE) debate hoy una “mayoría de edad digital” y en la Argentina ya existen proyectos en esa línea. Este escenario abre una discusión necesaria: qué acciones concretas llevar adelante en un marco donde los menores de altas tienen una alta penetración y un fuerte uso de las pantallas en lo cotidiano.

Las plataformas no son neutrales: sus algoritmos causan impactos en varios sentidos como en la salud mental, la educación, los procesos cognitivos, las formas de vincularse, entre otros. Sin embargo, el debate abre en simultáneo otras ventanas: no es solo sobre lo pedagógico y las relaciones humanas, también entran en juego cuestiones económicas y de políticas públicas por parte de los Estados, que ven ya como una fuerte demanda de sus ciudadanos la aplicación de alguna medida para, al menos, moderar los efectos adversos.

En ese sentido, tanto especialistas como familias y funcionarios están de acuerdo en un punto: algo hay que hacer y cuanto antes, puesto que el tiempo corre y el impacto se profundiza cada vez más.

Regulación de las redes sociales, entre los límites y el negocio

Para Javier Pallero, analista en política de tecnología, el problema llega tarde. “Las prohibiciones llegaron demasiado tarde”, afirmó en diálogo con Ámbito. “Durante años no se consideró una urgencia y cuando algo llega tarde y se quiere legislar rápidamente, se eligen malas ideas como la verificación de la edad”.

El especialista fue más allá de la cuestión del control de la edad en su diagnóstico y puso el foco en el modelo de negocio de las empresas dueñas de las plataformas de redes sociales, un aspecto que suma espesor a la discusión. “Las redes se basan en la extracción y explotación de datos personales, haciendo que la gente quede pegada a la pantalla y produciendo cada vez más información para ser explotada”, argumentó.

La verificación obligatoria de edad podría reforzar el poder de las grandes tecnológicas al ampliar sus bases de datos, en un contexto de creciente presión regulatoria.

Según Pallero, incluso las propias plataformas podrían acompañar regulaciones de verificación de edad porque encontrarían una forma de que su beneficio no se vea alterado. “Van a apoyar este tipo de regulaciones, lo que implicará pedir documentación o datos biométricos. Eso engrosará las bases de datos de estas grandes empresas que trafican datos. Van a hacer lo imposible para que su modelo de negocio no sea alterado”.

El punto más delicado es cómo certificar la edad de quien accede a una red social sin generar sistemas masivos de vigilancia, algo que "es casi imposible verificar de manera segura sin poner en riesgo más datos, incluida la identidad”, advirtió. Para él, el mecanismo “conlleva al sacrificio del anonimato”, un valor central de internet. "Para buscar información sensible, hacer críticas a las autoridades o pedir contención, el anonimato es importante. Con la verificación de edad eso se acabaría”, sostuvo.

Además, alertó sobre el rol del Estado. “Van a intentar delegar ese deber en empresas privadas, convirtiéndolas en una especia de registro civil. Tendrían a mano una gran base de datos de todo lo que hacemos y somos, algo preocupante en un contexto de avance de gobiernos autoritarios”, enfatizó.

Desde su mirada, para Pallero la discusión debería apuntar a leyes de protección de datos, competencia y regulación estructural de plataformas. “Nos vemos en la encrucijada de moderar el uso porque no hemos podido hacer que la herramienta sea mejor”, resumió.

Escuela, adolescencia y ciudadanía digital

Para Silvina Casablancas, doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona y especialista en Tecnología Educativa, el error es creer que no hay nada que hacer porque el escenario digital es nuevo. “No tenemos que pensar que no se sabe cómo intervenir. Es un escenario distinto al de generaciones anteriores, incluso al de los padres”, señaló. En ese sentido, la especialista advirtió que durante años se dejó solos a los chicos frente a las nuevas tecnologías. “Nos quedamos afuera de esa puerta cerrada que implica la habitación de los adolescentes”, planteó.

Ante la consulta de Ámbito, para Casablancas la escuela no puede relajarse ni ser ajena al debate de la prohibición de las redes sociales a niños y adolescentes. “La escuela siempre fue el baluarte y organizador de las experiencias de aprendizaje. Es el lugar idóneo para dar herramientas sobre cómo cuidarse y crecer en la sociedad digital”, consideró. Desde su experiencia como investigadora de FLACSO sobre prácticas digitales en niños de 9 a 12 años en distintas provincias, detectó fuertes desigualdades: “Los chicos que habían tenido talleres tenían más herramientas para nombrar y cuidarse. Pero ninguno habló de ciudadanía digital”, relató sobre ese trabajo.

Al mismo tiempo, Casablancas insistió en que el problema no se resuelve solo con limitar el tiempo de pantalla, dado que "es un indicador, pero no el único, ya que también importa la calidad y el tipo de contenido”. En ese sentido, alertó sobre discursos de odio, contenidos discriminatorios y modelos hegemónicos que impactan en la construcción de identidad en la adolescencia, una etapa clave en la vida de las personas: “Eso es altamente riesgoso”, afirmó.

Mientras gobiernos discuten límites de edad, expertos sostienen que el desafío central es formar ciudadanía digital y pensamiento crítico, con mayor participación de la familia y el sistema educativo.

Por otra parte, la especialista en Tecnología Educativa subrayó la necesidad de generar pensamiento crítico respecto a los contenidos a los que acceden en las redes: “Los chicos dicen 'el algoritmo me mandó esto' como si fuera un oráculo. Eso hay que deconstruirlo y enseñar a diferenciar información segura y a desconfiar”. Allí, para Casablancas la familia es clave puesto que "tiene que involucrarse”, con especial énfasis en el rol de los padres, que también están inmersos en el mundo de las pantallas y las plataformas.

En una experiencia con niños en la Argentina, relató Casablancas a este medio, uno de los pedidos más repetidos por los chicos fue: “Que nos miren a los ojos cuando nos hablen, que dejen el celular”, lo que da cuenta de lo amplia y extensa de la discusión. En paralelo, los adolescentes le dan al celular el lugar de espacio de autonomía e intimidad. “Son sus espacios propios, aunque publiquen para todo el mundo. Son otras lógicas”, explicó. Pese a ello, en nuestro país no ve una sociedad adormecida, sino preocupada por este tema: “Las familias sienten que lo que pensaban que tenían que hacer ya no alcanza. Necesitan saber más”, indicó.

Las restricciones a menores marcan un punto de inflexión en la relación entre los Estados, las plataformas de redes sociales y la ciudadanía, enfocada en los niños y adolescentes. Pero también exponen la demora con la que los gobiernos (sin importar ideología) tomaron cuenta del problema y reaccionar frente a un fenómeno que lleva más de una década moldeando conductas, formas de ver el mundo de los jóvenes, los adultos del futuro. El riesgo es que, en nombre de la protección, se consoliden mecanismos de control y acumulación de datos que refuercen el mismo modelo que se intenta cuestionar, por el que las grandes empresas mantienen su esquema de ganancia.

El desafío, entonces, no parece agotarse en prohibir o limitar, sino en discutir los factores que atraviesan el ecosistema digital, tanto desde lo cultural, como lo social y lo económico. Sin educación crítica, regulación estructural y participación activa de la sociedad cualquier medida será apenas un parche en un debate mucho más profundo sobre privacidad, ciudadanía y poder tecnológico.