Reclaman por muertes masivas en 1924

Rigoberta Menchu

Una agrupación que se atribuye la representación de los intereses de la comunidad de los aborígenes tobas presentó ayer en el juzgado federal del Chaco una demanda contra el Estado nacional por u$s 116 millones para indemnizar a esa etnia por la muertes de 450 ascendientes en 1924 en la llamada «masacre de Napalmí».

La Asociación Aborigen La Matanza de Quitilipi presentó ayer el escrito ante el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, en la que exigen una «reparación histórica en nombre y representación de los 20.000 tobas, wichís y mocovíes que aún sobreviven en el país».

• Sublevación

El episodio tuvo lugar hace 80 años en la Reducción de Napalpí, a 128 kilómetros de la capital chaqueña, cuando más de 400 aborígenes y un grupo de criollos, liderados por el cacique Pedro Maidana se sublevaron reclamando mejorpago por la cosecha de algodón.

La demanda es en representación de los herederos de los muertos en aquellos hechos, producidos bajo la administración de Hipólito Yrigoyen que también debió enfrentar alzamientos anarquistas en la Patagonia que terminaron en fusilamientos masivos.

La demanda continúa la línea de las llamadas «class actions» o juicios colectivos que se han abierto en otros países del mundo en reclamo de compensaciones por hechos del pasado que hirieron a comunidades. La legislación argentina no prevé el tipo de juicio de la «class action» anglosajona, pero sí cuenta con normas que protegen a las comunidades aborígenes, como la llama «ley De la Rúa» o «ley del indio» que creó instituciones de protección de las etnias preesxistentes a la conquista española.

Durante el debate de la reforma constitucional de 1994, se discutió la protección de los derechos de propiedad de esos grupos, que fue otorgada a título testimonial. De todos modos, esa letra de la nueva Constitución abrió la posibilidad de nuevos juicios que promueven estudios de abogados interesados en participar de demandas que tienen buena acogida en la opinión pública.

En otros países hay tradición en estas «class actions» que buscan reparaciones por hechos del pasado. En Alemania se han planteado juicios por reparación por el saqueo de bienes de miembros de la comunidad judía y por el uso de la mano de obra esclava en los campos de concentración nazis por más de u$s 5.000 millones. En Austria, por las mismas razones, el reclamo llega a los u$s 380 millones.

• Reclamo

Una demanda que avanza en los Estados Unidos reclama por el uso de mano de obra de los esclavos de raza negra entre los años 1619 y 1865 -fecha de la tardía abolición de la esclavitud que en la Argentina ya no existía desde la Asamblea del año 1813-. El reclamo está dirigido contra un grupo de compañías de seguros que existían ya en aquella época y que hoy continúan en el mercado, aunque, la mayoría, con otra constitución societaria. El juicio plantea que esas compañías vendían seguros a los propietarios de esclavos que cubrían el valor por enfermedad, muerte o fuga de las víctimas de esa servidumbre y que se enriquecieron de forma ilegítima.

No pide una suma en concreto, pero en el escrito que presentaron los abogados en marzo de 2002 en el juzgado del distrito este de Nueva York se calcula que el valor del trabajo no pagado que realizaron los esclavos entre 1619 y 1865, según expertos en historia económica de los Estados Unidos, pudo alcanzar a u$s 1,4 billón. Sobre esa base se reclama una indemnización.

• Reivindicaciones

La sublevación toba en el Chaco es considerada la única huelga agraria indígena de la historia argentina, se produjo el 19 de julio de 1924, cuando los integrantes de las comunidades fueron cercados y masacrados por policías del entonces Territorio Nacional del Chaco.

La huelga indígena se había realizado «para solicitar reivindicaciones muy simples: mejores condiciones de trabajo, pago en pesos y no en vales, y que se interrumpa la ocupación ilegal de sus tierras a manos de blancos», señala el escrito judicial.

En 1998 los hechos fueron rescatados del olvido por el escritor y periodista Vidal Mario a través de su libro «Napalpí, la herida abierta». La asociación aborigen basó su reclamo en un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

En caso de prosperar la demanda, el monto que se perciba será destinado a financiar programas de desarrollo para las comunidades aborígenes chaqueñas, con la supervisión de la fundación que preside Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, informaron miembros de la asociación.