Los estudiantes que participaron de la "toma" del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, el 28 de mayo último, actuaron "de manera abrupta, desprolija e irreverente, mas no delictiva", según se desprende de los fundamentos de la sentencia de la Cámara Federal que los sobreseyó.
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La Sala I del Tribunal dio a conocer, una vez reiniciada la actividad judicial tras la "feria" de enero, las bases de la resolución por la cual el 23 de diciembre último sobreseyó a una decena de dirigentes universitarios al considerar que "no constituye delito" la conducta que se les reprochaba y por la cual el juez Octavio Aráoz de Lamadrid los había procesado.
La sentencia reconoce que "existió un conflicto, pero no un conflicto de los que le interese al derecho penal" sino que se trató de un debate "entre autoridades y estudiantes y a partir de un asunto claramente de la incumbencia de la universidad, y que se solucionó entre esos mismo actores sin necesidad de recurrir al aparto punitivo del Estado".
En ese texto, firmado por los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, y difundido hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ), se recuerda que "la regla para la deliberación de los órganos universitarios -más allá de los reparos adoptados ese día- era la publicidad y que los estudiantes cogobiernan la universidad".
"Es cierto que este cogobierno se ejerce por medio de representantes pero el hecho de que así sea no permite desconocer el interés real que está detrás de ellos, en este caso, el de cientos de estudiantes que temían que su derecho constitucional a la educación perdiese operatividad con el cierre de la sede de Merlo", añaden los magistrados.
Habían sido procesados el 9 de noviembre por Aráoz de Lamadrid.
En aquella ocasión el juez de primera instancia les imputó el presunto delito de "secuestro coactivo agravado" aunque los camaristas eximieron de responsabilidad penal a los jóvenes dirigentes por "no constituir delito los hechos imputados" y afirmaron que "la criminalización actual de esas conductas, por ende, no encuentra justificativo, pues el ejercicio del poder punitivo del Estado está limitado a la solución de un conflicto que en este caso se muestra inexistente".
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