28 de marzo 2005 - 00:00

Tensión en Santiago del Estero por estatales cesanteados

Cientos de estatales santiagueños cuyos contratos finalizaban este miércoles y fueron cesanteados la semana pasada por el gobernador Gerardo Zamora, protagonizaron hoy incidentes cuando se enfrentaron con una dotación de bomberos que intentó apagar el fuego generado por la quema de cubiertas frente a la gobernación.

Los incidentes ocurrieron al mediodía cuando los cesanteados decidieron movilizarse a la Casa de Gobierno para reclamar por la continuidad en sus puestos de un total de 1.749 contratados durante la gestión del ex interventor federal Pablo Lanusse.

Tras la llegada a la sede gubernamental, los manifestantes cortaron las calles Rivadavia y Absalón Rojas donde quemaron cubiertas y ramas secas y realizaron una ruidosa manifestación en protesta por la decisión de Zamora de dar por finalizados los contratos que expiraban este miércoles.

A los pocos minutos comenzaron los incidentes cuando una dotación de bomberos intentó apagar el fuego, lo que provocó la reacción de los manifestantes y la posterior intervención de efectivos del Cuerpo de Infantería de la policía provincial.

Ya esta mañana, los manifestantes se habían enfrentado con efectivos policiales cuando les prohibieron el ingreso a la sede gubernamental.

La decisión del gobernador de dejar caer los contratos dispuestos por la intervención dejó sin trabajo a 1.749 estatales que se desempeñaban en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La resolución de Zamora -cuestionada por los gremios- incluyó también a los contratados de locación de servicios celebrados por el ex gobierno de la intervención federal, principalmente en las áreas de desarrollo social y salud.

Por el mismo decreto, quedaron exceptuadas las designaciones de docentes y agentes de las fuerzas de seguridad, concretadas a través de concursos.

Para dejar sin efecto los contratos, Zamora apeló al artículo 14 de la cuestionada Constitución provincial, en la que se establece que "los magistrados, funcionarios y empleados designados por la intervención federal cesan automáticamente al asumir las autoridades electas, salvo confirmación o nuevos nombramientos de éstas".

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