El juez Jorge Urso complicó aun más a Erman González, al dictarle una segunda prisión preventiva antes de indagarlo el próximo lunes por sus presuntas responsabilidades en la venta de armas a Ecuador y a Croacia. El ex ministro de Defensa se notificó ayer del nuevo interrogatorio que se concretará este lunes 4 en su encierro del Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería, donde ya se encuentra detenido por disposición del juez en lo Penal Económico Julio Speroni, quien lo acusa del presunto delito de contrabando agravado. En cambio Urso, junto al fiscal Carlos Stornelli, quiere imputarle ser el supuesto organizador de una asociación ilícita armada desde el gabinete de Carlos Menem para cometer este supuesto delito, aunque ya está preso por esta misma calificación Emir Yoma, ex cuñado de Carlos Menem.
Antonio Erman González, el ex ministro de Defensa de Carlos Menem, será indagado nuevamente este lunes por el juez Jorge Urso, quien -además-dispuso su detención aunque en la práctica se transformó en un acto declamativo porque González ya se encuentra procesado y con prisión preventiva por parte del juez Julio Speroni. Este magistrado le imputó presunta comisión del delito de contrabando agravado y lo dejó detenido en el Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería por un delito de mayor gravedad. Ahora, Urso le comunicó a Speroni que el notorio preso «se encuentra a disposición conjunta».
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La acusación del fiscal Carlos Stornelli contra el ex ministro de Defensa es la de haber sido uno de los supuestos organizadores de una asociación ilícita -el otro imputado por el mismo cargo es Emir Yoma-que se armó desde el gabinete nacional que presidió Carlos Menem para (supuestamente) vender ilegalmente material bélico del Ejército con destino a Croacia y a Ecuador, dos países que se encontraban embargados por las Naciones Unidas. Cuando se defendió ante Speroni, González argumentó que durante su gestión se hizo un solo embarque de armas a Panamá y que no sospechó de la falsedad del destino final porque ese país estaba realizando compra de armamentos a un promedio de u$s 10 millones anuales.
También argumentó que esa exportación que habría sido totalmente supervisada por la Aduana tampoco hubiera configurado delito si iba a Croacia porque ese país aún no se encontraba bajo las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas. El embargo para proveerse de armamentos fue resuelto unos meses después que el ex ministro de Defensa renunciara al cargo, según su versión. González también se encuentra procesado por falsedad ideológica de instrumento público al haber suscripto los decretos que permitieron las exportaciones cuestionadas. Los abogados de González -Fernando Archimbal y Carlos Froment-argumentaron que no puede existir falsedad ideológica de un decreto porque no se trata de un acta testimonial.
Tampoco ayer la Sala II de la Cámara Federal Penal porteña le aceptó al ex ministro de Defensa un recurso de Casación donde se planteaban presuntas irregularidades en la instrucción de la causa a cargo de Stornelli-Urso. Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi no hicieron lugar a la apelación porque las causas invocadas no se encuadran dentro de las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación. Por lo tanto, los abogados de González irán en queja a ese tribunal superior y plantearán un recurso extraordinario ante la Corte por este procesamiento, mientras aguardan una resolución de la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico por el presunto delito de contrabando.
En la Corte
Pero la expectativa procesal, ahora, vuelve a fijarse en la Corte, donde se espera el ingreso del recurso extraordinario por Emir Yoma. El ex cuñado de Carlos Menem también está procesado y cumple arresto preventivamente por supuesto organizador de esa misma asociación ilícita. Sin embargo, en esta calificación, la misma Sala II de la Cámara Federal Penal porteña trató de diluir el criterio original de Stornelli-Urso acerca de que todo el gabinete podría estar incurso en un banda de ese tipo. Irurzun, Cattani y Luraschi aceptaron que un cuerpo de ese tipo bien podría ser conformado por miembros del gabinete y extraños.
La clarificación de los jueces podría beneficiar a Domingo Cavallo, quien firmó los decretos al igual que los otros ex ministros imputados - González, Guido Di Tella, Oscar Camilión-aunque quienes pretenden favorecerlo sostienen que el actual ministro de Economía no tuvo participación ajena a la firma de las normas administrativas. Pero ese fallo no favorecía a Menem porque los camaristas se encargaron de hacer notar que Yoma ejerció influencias sobre el resto del gabinete por su relación -sin decirlo explícitamente-con el ex presidente.
Este recurso extraordinario podría llegar a la Corte antes del 13 de Julio cuando está citado Menem y se especula que -ahora sí, porque deviene del debido proceso-la Corte definirá el encuadre de asociación ilícita. Claro que todo depende de los tiempos de los abogados defensores e Emir Yoma y del apuro del máximo tribunal en resolver. Pero uno de los máximos jueces, ajeno al pensamiento menemista, llegó a sostener en los pasillos de Talcahuano 550 que «sería un disparate imputarle asociación ilícita a un gabinete». Esa sería la última y crucial carta que jugaría Menem antes de sentarse frente a Stornelli-Urso.
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