El ex vicealmirante Luis María Mendía, que fue comandante de Operaciones Navales de la Armada, detenido con prisión preventiva a raíz de las investigaciones de la causa ESMA, amplió ayer su declaración indagatoria ante el juez Sergio Torres. Asumió toda la responsabilidad de los hechos sucedidos en la ESMA con la siguiente frase: «Afirmo fehacientemente que la inmensa mayoría de mis subordinados -muchos de ellos hoy detenidos de manera absolutamente injusta e ilegal- en ningún momento se excedieron en el cumplimiento de las órdenes escritas recibidas del Estado Mayor General de la Armada, las cuales fueron fidedignamente cumplidas». Mendía dijo haber firmado el Placintara (Plan Capacitación contra Insurgencia Terrorista de la Armada Argentina).
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Para algunos en dicho plan, se daban instrucciones precisas para la «lucha contra la subversión» e incluso se planteaba la «eliminación física a través de los aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío». Aunque no consta que el marino haya realizado esa confesión ayer.
Iniciador
También responsabilizó al gobierno de María Estela Martínez de Perón como iniciador del plan de represión estatal, primero a espaldas de la ley y luego legalizada mediante el polémico Decreto Nº 2772 de 1975 que ordenó a las Fuerzas Armadas «aniquilar» al terrorismo subversivo. Solicitó por eso al magistrado que comparezcan en calidad de testigos «Isabelita», Italo Luder, Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, todos ex funcionarios de aquel gobierno cuyas firmas quedaron estampadas en el decreto.
Como una mancha de aceite el pasado retornó para contaminar ahora al Congreso de la Nación entre 1974 y 1975. Mendía, un octogenario marino con ciertas dificultades para caminar, pidió al juez como prueba del apoyo del Poder Legislativo a la política del gobierno de «Isabelita» en materia de seguridad, de lucha y de represión contra la subversión: copia de las versiones taquigráficas y de los diarios de sesiones de debates, discursos y alocuciones referentes al tema tanto de diputados como de senadores de la época.
Objetivo
La estrategia es demostrar que no existió un «plan de exterminio» ideado por los militares y las fuerzas de seguridad a partir del golpe del 76 sino la segunda fase de una operación lanzada desde el breve período de gobierno de «Isabelita», la Triple A sería el primer grupo de tareas que actuó al margen de la ley.
Insistió, como ya lo había hecho el preso Alfredo Astiz en que el juez profundice la presunta responsabilidad de Francia en desapariciones de ciudadanos de aquel país, en especial Maurice Jaeguer, acontecida en Tucumán en el año 1975, en pleno gobierno democrático; y las monjas Alice Domon y Leonie Duquet.
En este tema pidió al juez se libre el pedido de captura internacional con fines de extradición del ciudadano francés René y/o Bertrand de Perseval o Parseval señalado por una Madre de Plaza de Mayo, Rosario Cerruti, como uno de los sujetos que estuvo presente en la Iglesia de la Santa Cruz en el momento del secuestro de la monja Domon.
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