Las iniciativas prevén equipos para investigar delitos cometidos en entornos digitales, capacitar a operadores judiciales y asistir a las víctimas. El Ministerio de Justicia designó a los coordinadores de ambos programas, que trabajarán ad honorem.
La suplantación de identidad será uno de los ciberdelitos frecuentes de 2026, según los reportes del sector.
El Ministerio de Justicia puso en marcha dos programas: uno destinado a enfrentar la ciberdelincuencia y otro para coordinar la política criminal vinculada con el régimen penal juvenil. Las medidas quedaron formalizadas mediante las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial con la firma del ministro Juan Bautista Mahiques.
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A través de la Resolución 483/2026, la cartera creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal. Su coordinación estará a cargo del asesor Mariano Tomás Rivas, que cumplirá esa tarea de manera ad honorem y tendrá a su cargo el seguimiento de las acciones que se desarrollen en el marco del programa.
Entre los ejes de trabajo, la norma menciona la preservación y el análisis de la prueba digital, la ciberseguridad aplicada a las investigaciones, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en las formas de delinquir. En ese sentido, el Ministerio advirtió que el acelerado avance de esas herramientas plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible uso para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en las investigaciones penales.
El PRONACIB podrá armar mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores privados. Además, deberá ajustar el tratamiento de datos personales a lo dispuesto por la Ley 25.326 y promover la articulación entre la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital y la Cancillería, para aplicar los mecanismos de cooperación previstos en el Convenio de Budapest.
Con la creación del nuevo programa, la cartera derogó las resoluciones de 2016 que habían creado y transferido el anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, y también la resolución de 2024 que había conformado una mesa de trabajo sobre ciberdelito.
Por otra parte, mediante la Resolución 484/2026, el Ministerio creó el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que dependerá de la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. El programa funcionará como marco para organizar las tareas de la cartera como autoridad de aplicación de la Ley 27.801, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente.
La coordinación quedará en manos de la asesora Débora Eliana Di Girolamo, que también se desempeñará sin remuneración. Entre sus funciones figuran coordinar la aplicación del régimen en la justicia nacional, ordinaria y federal, capacitar a quienes intervienen en el fuero, producir estadísticas y articular con las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo.
Uno de los ejes centrales será la administración del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, para el cual se aprobaron un reglamento y un Manual del Supervisor Juvenil. Esos profesionales tendrán la tarea de acompañar el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a adolescentes, bajo protocolos que el programa buscará unificar.
La resolución también incorpora pautas de asistencia integral para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. Para eso, el programa trabajará junto con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia con el objetivo de brindar orientación, derivaciones, acceso a servicios y, cuando corresponda, patrocinio jurídico gratuito.
Además, el programa deberá dar apoyo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, y contará con mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de las medidas, el desempeño institucional y la reincidencia. También prevé protocolos de reserva para la sección especial que llevará el Registro Nacional de Reincidencia.