Rio de Janeiro (EFE, AFP) - Parte de los comercios y de las escuelas de Rio de Janeiro cerró ayer sus puertas debido a una inédita orden de los narcotraficantes, y las autoridades debieron salieron a pedir calma a la población.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Tiendas, escuelas y universidades de la populosa zona norte de la ciudad y de la lujosa zona sur debieron cumplir las órdenes de la banda de traficantes de drogas conocida como «Comando Vermelho» (comando rojo) para que cerraran sus puertas durante toda la mañana, informaron medios de comunicación locales. Algunas líneas de autobuses también dejaron de funcionar.
Dos explosivos de fabricación casera fueron lanzados frente a una universidad para asustar a los alumnos, pero nadie resultó herido, según la televisión. Las ciudades satélite de Niteroi y Sao Gonzalo sufrieron los mismos trastornos.
• Avisos
Los comerciantes y directores de escuelas alegaron que suspendieron sus actividades ante amenazas hechas por los narcotraficantes, por primera vez en los barrios de la zona sur de Rio. Hasta ahora, situaciones similares sólo se habían producido en las favelas de la cuidad.
Según el canal Globo de televisión, varios hombres armados recorrieron en vehículos diferentes calles de la ciudad avisando que atacarían los establecimientos que abriesen. La orden de cierre de los comercios, según esa versión, sería en respuesta a la muerte de dos narcotraficantes en un enfrentamiento con la policía y al riguroso tratamiento que está recibiendo en una prisión especial Luiz Fernando da Costa, conocido como «Fernandinho Beira Mar» y considerado uno de los principales jefes del «Comando Vermelho». Da Costa lideró hace dos semanas una rebelión en el presidio de máxima seguridad de Bangú, en el que aprovechó para eliminar a cuatro jefes de una organización rival, y fue transferido a un cuartel de la policía, en donde se le prohibieron las visitas de los familiares y los paseos por el patio.
Las autoridades ordenaron redoblar la vigilancia de la ciudad con unos 300 policías civiles y militares apostados en las inmediaciones de las barriadas pobres, donde es más activo el poder de los traficantes de drogas.
Una lectura importante de este hecho apunta a uno de los principales retos que, fuera de los económicos, deberá enfrentar el próximo presidente.
Según el portavoz de la policía militar, mayor Federico Caldas, «esta orden de cierre es por lo menos extraña, a menos de una semana de las elecciones generales». «Enviamos batallones a todas las zonas implicadas y estamos verificando de dónde partieron esas órdenes que parecen buscar sembrar el pánico en vísperas de las elecciones», agregó el uniformado.
Dejá tu comentario