Pekín (EFE) - La X Asamblea Nacional Popular china (ANP), que tendrá a su cargo el nombramiento del nuevo gobierno, inaugurará hoy su programa de sesiones, con la reforma de la Constitución china y la defensa de la propiedad privada en el orden del día. «Los empresarios privados son la clase social emergente por excelencia y su contribución al desarrollo de nuestro país es incuestionable. Sus derechos legítimos deben ser protegidos», aseguró ayer Jiang Enzhu, portavoz de la ANP.
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Según trascendió, la reforma legal pretende ofrecer las mismas oportunidades a las compañías privadas que a las empresas públicas y a los inversores extranjeros en lo que respecta a la concesión de créditos, acceso a mercados, financiación y desregulaciones fiscales.
El saliente presidente chino, Jiang Zemin, abrió las puertas del Partido Comunista de China (PCCh) a las empresas privadas durante la celebración del histórico XVI Congreso llevado a cabo en noviembre pasado, una decisión que fue recibida con algunas reservas, sobre todo entre los dirigentes más duros del Partido.
El propio Hu Jintao, secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y señalado como el principal candidato a suceder a Zemin, afirmó que «la ANP dedicará sus sesiones a reformar el sistema legal vigente en nuestro país, con el objetivo de adaptarnos a los requerimientos planteados por el ingreso en la Organización Mundial de Comercio (OMC)».
Asimismo, Jintao agregó que el Parlamento «se propone mejorar la supervisión del presupuesto para hacer un uso más eficaz de los recursos financieros. Con este objetivo hemos creado un sistema de auditorías por ministerios», señaló Jiang.
A pesar de las reformas que prepara el gobierno, Jiang negó que en las mismas se incluyan la instauración de un régimen democrático. «El advenimiento de un sistema democrático no figura en el orden del día», dijo.
Según Kris Schneider, director general de la compañía alemana ISA Industrial, y uno de los inversores privados extranjeros más poderosos: «Soy optimista en que la reforma continúe. Pero el gobierno debe interferir menos en el mercado, de lo contrario los inversores emigrarán a otros países», aseveró.
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