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El 18 de agosto, los inspectores de la ONU llegaron a Siria para investigar sobre denuncias de utilización de armas químicas el 19 de marzo en las cercanías de la ciudad de Alepo y dos otros lugares mantenidos en secreto. Pero el equipo, dirigido por el sueco Ake Sellström, no pudo llegar hasta el 28 a la zona de Guta oriental, un suburbio de Damasco en manos de los rebeldes, donde tuvo lugar el ataque el 21.
En el lugar, los inspectores recogieron "una considerable cantidad de pruebas -evidencia a través de muestras, extracciones, entrevistas con testigos y a partir de ahí podrán reconstruir un relato de los sucesos basado en los hechos, lo que permitirá esclarecer los sucesos más decisivos del 21 de agosto", declaró una portavoz de la ONU el 29 de agosto.
Las pruebas de cabello, orina, sangre y de tierra fueran analizados en laboratorios de Finlandia, Suecia, Alemania y Suiza, según la ONU.
"La comisión tuvo acceso a un número muy importante de pruebas", según afirmó un diplomático del Consejo de Seguridad, que habló en condición de anonimato. "Quien sea que lea el informe podrá adivinar quien ha realizado (el ataque)".
"Eso no es lo que cuenta ahora", añade otro. "Lo que cuenta ahora son las negociaciones para una resolución de la ONU sobre el acuerdo de Ginebra".
El informe de los inspectores deberá ser determinante para la resolución que debe concretar el acuerdo ruso-estadounidense. Queda ahora a merced del Consejo de Seguridad entenderse sobre la delicada cuestión del capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas que prevé, como último recurso, el uso de la fuerza contra un Estado que viola sus obligaciones internacionales.
Rusia, que se ha opuesto sistemáticamente a los intentos precedentes de resolución para Siria, ya ha informado de que no votará un texto que prevea una intervención armada. Los occidentales, por su parte, rechazan la impunidad del régimen sirio.




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