La Paz (AFP, Reuters) - El presidente boliviano, Eduardo Rodríguez, se encontraba ayer en el ojo de la tormenta, acusado de beneficiar a las multinacionales petroleras y amenazado de juicio político, en un nuevo episodio de tensión entre Ejecutivo y Legislativo a un mes de las elecciones del 18 de diciembre.
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El Congreso rechazó el miércoles un informe oficial presentado por el ministro de Hidrocarburos, Jaime Dunn, sobre los factores legales que impidieron que 72 contratos de concesión con que 20 petroleras transnacionales de América, Europa y Asia operan en el país desde 1997, se adecuaran a la nueva Ley de Hidrocarburos, de corte estatista, promulgada el 19 de mayo último.
Según esa ley, las multinacionales tenían hasta el miércoles para pasar a los nuevos contratos que son más favorables al Estado en desmedro de ellas. Rodríguez, cuyo mandato de 180 días concluye el 22 de enero, es acusado por diversos congresistas de atender los intereses de las petroleras en desmedro de los del país.
El titular de la Comisión de Desarrollo Económico del Senado, Oscar Zamora, pidió que Rodríguez, al que acusa de haber favorecido con las petroleras, «tenga el valor de presentarse como defensor de las empresas» o aplicar la ley como le demandó el Congreso. «Si no, tendrá que correr el juicio de responsabilidad», advirtió.
El opositor Movimiento al Socialismo, segunda fuerza parlamentaria liderada por el cocalero Evo Morales, amenazó también con instaurar un juicio político contra el jefe de Estado.
• Cuestionamiento
La polémica sobre la propiedad de los hidrocarburos en octubre de 2003 precipitó la caída del presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada y puso en cuestión el papel de las petroleras extranjeras en el país.
La legislación sobre hidrocarburos recuperó la propiedad estatal de los recursos, elevó los impuesto de 16% a 32%, ratificó el pago de regalías en 18% y ordenó el potenciamiento económico de la empresa estatal de petróleos para que intervenga directamente en el mercado internacional. La ley petrolera tiene vacíos y carece de la fuerza para obligar a las petroleras a cambiar de régimen, es decir no establece penalidades en caso que las compañías resistan adecuarse a ella, según el gobierno.
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