Bolivia decidirá el 10 de agosto si destituye a Evo
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Evo Morales muestra, junto
a su vicepresidente Alvaro
García Linera (izquierda),
la ley de convocatoria al
referendo revocatorio que
acaba de promulgar. Confía
en las encuestas que
siguen otorgándole alta
aceptación entre la mayoría
indígena del país.
Morales hizo ayer un llamado a la comunidad internacional para que envíe observadores al revocatorio, al tiempo que pidió a la Corte Nacional Electoral que articule un proceso «transparente».
El referendo también incluye a los gobernadores de los nueve departamentos (provincias) en que está dividido el país. Sin embargo, esta convocatoria departamental plantea dudas sobre el caso de Chuquisaca, que está regida por un prefecto interino nombrado por Morales después de que el titular huyera del país en noviembre por los violentos episodios que causaron en su capital, Sucre, tres muertos y 300 heridos durante los trabajos de la Constituyente. De hecho, se fijó la fecha del 29 de junio para celebrar elecciones en este departamento con el fin de elegir un nuevo prefecto.
En cualquier caso, el 10 de agosto se preguntará a los bolivianos si están de acuerdo, por un lado, con «la continuidad del proceso de cambio» encabezado por Morales y su vicepresidente, y, por otro, con la de los prefectos.
La ley promulgada ayer estableceque para revocar los mandatos hace falta que el «no» supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios de 2005, en los que fueron elegidos Morales, el vicepresidente y los actuales prefectos, como el número absoluto de votos.
En el caso de Morales y García Linera tendrían que dejar los cargos si el «no» es superior a 53,7% de apoyo que consiguieron en 2005 y al 1.544.374 votos que cosecharon.
Si los bolivianos deciden revocar los mandatos del presidente y el vicepresidente, Morales deberá convocar a elecciones generales en un plazo de tres a seis meses. En ese caso, Morales no podrá ser candidato porque la Constitución vigente prohíbe que un mandatario participe en dos elecciones seguidas.
En tanto, si son los prefectos quienes no salen ratificados, cesarán en sus cargos y el jefe de Estado designaría a un gobernadoren funciones y tendríanque celebrarse comicios departamentales.
«Esa ley está hecha a medida del presidente Morales: él seguro que saldrá airoso. Habrá problemas para un par de prefectos porque los porcentajes (necesarios para destituirlos) son bajos», advirtió el analista político Ricardo Paz.
Los prefectos serán revocados de su mandato si el «no» supera 37,9% más un voto en el caso de La Paz; 48% más un voto en Pando; 44,6% más un voto en Beni; 47,8% más un voto en Santa Cruz; 40,9% más un voto en Oruro; 40,9% en Potosí; 45,6% más un voto en Tarija; y 47,6% más un voto en Cochabamba.
Mientras, el gobierno reiteró la oferta de diálogo con los líderes regionales para buscar soluciones a la crítica situación política del país (ver aparte).
Santa Cruz aprobó el 4 de mayo un estatuto autonómico que el gobierno considera ilegal y separatista y otras tres tienen previsto hacer lo mismo en sendas consultas programadas para junio.
El presidente volvió a insistir ayer en la necesidad de diálogo para asegurar la unidad nacional y garantizar un proceso autonómico basado en la legalidad y que contribuya a resolver las diferencias económicas entre departamentos.




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