La Paz (ANSA, EFE, AFP) - El presidente boliviano, Carlos Mesa, advirtió que podría renunciar si se desatan actos de violencia como producto de lo que su gobierno calificó como un complot, en momentos en que comenzaron diversas protestas que exigen drásticos cambios en la política económica.
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«Yo no voy a actuar como mi antecesor. No tendremos tanques en las calles. Y si hay una presión que obligue a este presidente a ejercer violencia con la certidumbre de que esa violencia va a costarle vidas humanas, no voy a continuar aquí, en Palacio de Gobierno», dijo Mesa en un mensaje televisado el domingo.
Movimientos sociales y sindicales de El Alto, cuarta ciudad de Bolivia, vecina a La Paz, comenzaron ayer una huelga general por tiempo indeterminado, cuyo principal objetivo es lograr la rescisión del contrato de provisión de agua potable de la empresa Aguas de Illimani, filial de una firma francesa.
Organizaciones de base, sindicatos y también el principal partido opositor, el izquierdista Movimiento al Socialismo, del líder aborigen Evo Morales, exigen además la nacionalización de los hidrocarburos y la revocación del decreto gubernamental que aumentó a fin de 2004 el precio de los combustibles.
• Acusaciones
El ministro de la Presidencia, José Galindo, afirmó que los conflictos « están siendo alentados por sectores radicales, diametralmente opuestos como son los movimientos sociales y algunos empresarios vinculados a partidos políticos». En tanto, el encargado de Conflictos, Gregorio Lanza, acusó al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de orquestar una conspiración desde su « autoexilio» en Estados Unidos. «Es el gonismo, 'Goni' Sánchez de Lozada, quien puso en marcha la sedición.»
En respuesta, el opositor Morales dijo que «el presidente amenaza con dimisiones cuando el pueblo pide cambios en el sistema económico». Aunque aseguró que no apoya a los sectores que solicitan la renuncia de Mesa, Morales consideró que si no hay cambios en la política económica, «sería mejor que (Mesa) se decida a convocar elecciones anticipadas». Otros dirigentes calificaron como un «chantaje» la amenaza de renuncia de Mesa.
Entretanto, El Alto amaneció ayer con poco tránsito ante la presencia de piquetes de manifestantes y patrullas de las fuerzas de seguridad. El aeropuerto de La Paz, foco de la insurrección popular que derrocó a Sánchez de Lozada hace 15 meses, sostuvo a duras penas sus operaciones.
El gobierno buscaba mitigar el impacto de la huelga general en Santa Cruz, la ciudad más pujante y poblada en el este del país, anunciada para hoy y mañana.
Como trasfondo subyace el debate por la nueva ley de hidrocarburos. Veinte compañías extranjeras controlan el petróleo en este país, poseedor de la segunda reserva gasífera de Sudamérica, mientras el Congreso se debate entre extremos de expropiación y la nacionalización del fluido en boca de pozo hacia el futuro.
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