Bolivia: nueva advertencia de guerra civil

La Paz (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - El traslado de la sede del gobierno de la ciudad de La Paz a la colonial Sucre, que se discute en la Asamblea Constituyente, provocaría una «guerra civil» en Bolivia, afirmó el secretario del Consejo Supremo de Defensa Nacional (Cosdena), general José Luis Prudencio, en medio de un ambiente de creciente tensión entre el oficialismo de Evo Morales y la oposición.

El traslado de la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo «puede degenerar en una guerra civil», declaró a la televisión local el máximo responsable del Cosdena, dependencia estatal encargada del diseño de estrategias en seguridad nacional.

Organizaciones civiles y políticas del sureño departamento de Chuquisaca, que tiene a Sucre como capital, reclaman en la Asamblea Constituyente un texto constitucional que permita el retorno a esa ciudad de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Prudencio dijo que no hay que olvidar que una guerra civil en el siglo XIX provocó que las sedes de los dos poderes del Estado fueran trasladadas de Sucre -donde nacieron al fundarse Bolivia en 1825- a La Paz. Sólo el Poder Judicial se quedó en su lugar de origen. «Esto puede degenerar en conflictos sumamente peligrosos para la unidad del país y (el) Cosdena propone un estudio geopolítico y que recién de ahí salga la definición de la capitalía», agregó.

Entre 1898 y 1899 se produjo una conflagración interna, impulsada por grupos económicos de poder minero: el del estaño, asentado en La Paz, y el de la plata que tenía a las ciudades de Sucre y Potosí como sus centros de influencia.

Autonomía

Las declaraciones del funcionario surgieron en momentos que el poderoso departamento (provincia) de Santa Cruz presentó un proyecto de autonomía que incluye justicia, policía y controles migratorios propios, en un abierto desafío al gobierno que lo calificó como un intento de crear un Estado dentro del país.

Frente a una manifestación de unas 50.000 personas, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, dio a conocer el lunes una propuesta de estatuto autonómico de 47 artículos que incluye elementos que el gobierno central consideró sediciosos.

Santa Cruz, el departamento más próspero de Bolivia y su principal motor económico, es acompañado en su aspiración por los departamentos de Beni, Pando y Tarija (también ricos en hidrocarburos, agricultura y recursos madereros), que hicieron eventos paralelos.

Los actos del lunes fueron rápidamente condenados por el gobierno Morales: el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, consideró el documento como «sedicioso» y «atentatorio contra la unidad nacional».

Los actos en las cuatro capitales conmemoraban un año de un referendo en que estos departamentos votaron en favor de regímenes autonómicos. Gracias a ese referendo, esas autonomías deberán ser necesariamente aprobadas en una Asamblea Constituyente que inició labores el 6 de agosto de 2006 y que deberá entregar una nueva Carta Magna en diciembre.

Sin embargo, la Asamblea aprobó alargar hasta diciembre el plazo para entregar la nueva Constitución, una decisión que tendrá que ser ratificada por el Congreso donde algunas voces piden que se mantenga el plazo original del 6 de agosto próximo. A menos de un mes para que se cumpla el plazo original, la Constituyente no redactó un solo artículo del nuevo texto constitucional, cruzada por varios frentes de discusión y de posiciones irreductibles que fueron la causa principal del retraso, como la demanda de autonomías.