Brasilia (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - El procurador general pidió al Supremo Tribunal Federal de Brasil que acuse a 40 personas, incluido José Dirceu, ex jefe de Gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por haber formado una verdadera «banda» incrustada en el Estado brasileño que desviaba fondos para «compra de apoyo político».
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El procurador, Antonio Fernando de Souza, indicó que las investigaciones del Ministerio Público Federal (la institución bajo su mando) evidencian que esa «banda» estuvo implicada en « esquemas de evasión de divisas, evasión fiscal y lavado de dinero» por empresas ligadas a los publicistas Marcos Valerio y Duda Mendonça, quien estuvo a cargo de la campaña electoral de Lula en 2002.
Valerio admitió que financió una contabilidad paralela del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), pero dijo que fue sólo con la finalidad de pagar deudas de campaña y no para comprar apoyos políticos de diputados, al responder a las primeras denuncias en su contra. Las denuncias iniciales contra Dirceu y el PT datan de junio pasado, y fueron hechas por el diputado Roberto Jefferson, de un partido aliado al gobierno. Las acusaciones acarrearon la renuncia de Dirceu y de otros ministros de primera línea del gobierno Lula, de la plana mayor del PT y de decenas de altos funcionarios de empresa públicas. Además, provocaron la destitución de tres diputados, incluidos los mismos Dirceu y Jefferson, y el pedido de juicio contra otros 16.
«Es relevante destacar (...) que todas las imputaciones hechas por el ex diputado Jefferson quedaron comprobadas», dijo el procurador Souza en su informe. Aparte de Dirceu, figuran entre los sospechosos el ex presidente del PT, José Genoino, y el ex tesorero de ese partido, Delubio Soares, quien reconoció haber contado con la colaboración de Valerio para elaborar la contabilidad ilegal, aunque dijo que ambos actuaron sin que nadie más estuviera al tanto.
«Los denunciados operaron desvíos de recursos públicos, concesiones de beneficios indebidos a particulares a cambio de dinero y compra de apoyo político, conductas que caracterizan los crímenes de formación de banda, lavado de dinero, gestión fraudulenta, corrupción y evasión de divisas», se leyó el acta legal.
El procurador se basa en los trabajos de las comisiones parlamentarias que investigaronlas denuncias para señalar que en 2003 y 2004 «por lo menos 55 millones de reales (más de 25 millones de dólares), transferidos por los bancos Rural y BMG, fueron entregados al grupo de Marcos Valerio, so pretexto de falsos préstamos al publicitario, empresas y socios».
Destino
Esos fondos «fueron efectivamente usados en ese engranaje de pago de deudas del partido (PT), compra de apoyo político y enriquecimiento de agentes públicos», prosiguió el procurador.
Souza definió a Valerio como «un verdadero profesional del crimen», que antes de ponerse al servicio del PT había «prestado servicios semejantes al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en Minas Gerais, en la elección para gobernador del hoy senador Eduardo Azeredo en 1998».
En tanto, el Congreso brasileño recibirá el martes próximo al ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, para aclarar su supuesta participación en el escándalo que llevó a la renuncia de Antonio Palocci a la cartera de Hacienda.
La Cámara baja decidió que Bastos será recibido en el Plenario para explicar la forma en que su despacho lidió con la violación ilegal del secreto bancario de un casero que dijo haber visto a Palocci en fiestas que se celebraban en la mansión en que trabajaba.
El casero dijo que a esas fiestas, organizadas por algunos ex colaboradores de Palocci, asistían prostitutas, funcionarios y empresarios que presuntamente tenían turbios negocios con el gobierno.
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