Brasil: privilegios para el asombro en jubilaciones

Funcionarios de los tres poderes del Estado. Profesores de escuelas y universidades públicas. Empleados del sistema estatal de salud. Policías. Militares. Sindicatos poderosos. Sectores influyentes de clase media. Estos son los nuevos blancos de la política pro mercado del gobierno brasileño, empeñado en reformar un sistema previsional arcaico y plagado de inequidades asombrosas, que muchos señalan como la causa de buena parte de los males económicos de ese país.

Los números rojos del sistema son elocuentes: el déficit de las cajas previsionales pasó de 19.500 millones de reales -5.400 millones de dólares al cambio actual- en 1995 a casi 19.500 millones de dólares el año pasado, 9% del PBI. Según se calcula, el perjuicio acumulado al sistema en la última década superó los 97.000 millones de dólares, todo financiado sobre la base de endeudamiento a tasas cada vez más insostenibles.

Un reciente informe de la revista «Veja» habló de «apartheid previsional» en perjuicio de los trabajadores del sector privado y definió el sistema como un Robin Hood al revés, que quita recursos a los pobres para entregarlos a los ricos.

• Objetivo

Intentando hacer equilibrio entre las necesidades del gobierno y los intereses de sus bases tradicionales, el presidente del Partido de los Trabajadores, José Genoíno, dijo a Ambito Financiero que se buscará una reforma que respete los derechos adquiridos de los trabajadores y que comience a regir para las personas que se jubilen con posterioridad a la reforma. Pero analistas señalan que ése no puede ser más que un punto de partida para negociar, dado que Brasil necesita urgentemente alivio financiero para deducir la carga de su endeudamiento. Así, respaldado por los 27 gobernadores del país y su nueva alianza legislativa de centro, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva ordenó avanzar en la reforma de manera urgente (ver página 10).

Un listado breve de las situaciones a las que ha dado lugar el inequitativo sistema brasileño en ciertas categorías mueve al asombro:

• Los empleados públicos no tienen edad mínima para jubilarse.

• Reciben al pasar al sector pasivo 100% de su último salario.

• Las jubilaciones no tienen topes y pueden acumular varias jubilaciones si han pasado por diferentes funciones en sus carreras.

• Mientras la jubilación promedio para trabajadores del sector privado alcanza a 96 dólares, la de los trabajadores del Poder Judicial -por ejemplo- supera los 1.850 dólares.

• Brasil es el único país del mundo en el que los jubilados del sector público llegan a ganar más que cuando estaban en actividad.

• Apenas 3 millones de jubilados del sector público capturan 50% de las erogaciones del sistema. Los 20 millones de jubilados del sector privado se quedan con el resto.

Los especialistas explican que hasta la década del '60 había siete trabajadores en actividad por cada jubilado, mientras que en la actualidad la proporción es menor a dos a uno. Según «Veja», lo único que frena la adopción de un sistema de capitalización a la chilena o la argentina es la dificultad de financiar el agujero que se dará durante el período de transición. Fuentes legislativas del oficialismo consultadas por este diario dejaron abierta la puerta a la creación de cuentas de capitalización sólo para los niveles salariales más elevados.

• Reacción

Un caso particularmente polémico es de los jubilados de las fuerzas armadas. El ministro de Previsión Social, Ricardo Berzoini, inició su gestión prometiendo un sistema único para todas las categorías, con una jubilación tope de 1.500 reales, 416 dólares al cambio actual.

La reacción no se hizo esperar, al punto que el general Luiz González Lessa, presidente del Círculo Militar, advirtió que «cualquier cambio traerá inestabilidad militar y eso no es bueno para ningún gobierno». Finalmente Berzoini cambió su discurso y, en un hecho que irritó a las bases más radicales del PT, señaló que de acuerdo con las directivas de Lula, «los militares van a ser tratados de una manera específica».

En tanto, los sindicatos de empleados públicos de la Central Unica de los Trabajadores (CUT), la principal base sindical del PT, declararon la guerra al proyecto y contraatacaron reclamando una suba salarial de un imposible 45%. Pero, según observadores, el gran reto provendrá del Poder Judicial, que no entregará fácilmente sus prerrogativas y enarbolará la doctrina de la intangibilidad de los derechos adquiridos.