Causa loable, medio arbitrario

El decreto por el que el gobierno de George W. Bush ya puede comenzar a impedir la entrada en los Estados Unidos a personas involucradas en actos de corrupción seguramente afectará a una larga lista de ex funcionarios latinoamericanos, pero se advierte que podría prestarse a arbitrariedades.

La norma alcanza a los funcionarios que se hayan apropiado de fondos públicos o hayan aceptado sobornos, a quienes se los hayan ofrecido y hasta a los familiares de los acusados si se benefician con el dinero espurio. Pero el problema es su vaguedad en lo que se refiere a su aplicación.

Por un lado, la medida presidencial autoriza al secretario de Estado a decidir sólo «según su criterio» a quiénes se aplicará la prohibición de ingreso, sin establecer ningún procedimiento para que un damnificado por error pueda apelar la denegación de su visado.
Además, preocupa que la medida se aplique en los casos en que se trate de acciones que afectan de algún modo la seguridad o los intereses de los Estados Unidos, por lo que se sospecha que regirá fundamentalmente para casos de lavado de dinero y terrorismo, dejando de lado otros hechos importantes.

•Mal uso

Otro peligro, señalado en un despacho de la agencia «EFE» por Valeria Merino, directora ejecutiva en Ecuador de Transparencia Internacional, está dado por el uso que se suele hacer en muchos gobiernos (sobre todo, en América latina) de la acusación de corrupción como herramienta política contra administraciones anteriores. Por eso, reclamó que la medida se aplique sólo a personas con sentencia firme.

Merino señaló también que algunas de las personas que podrían verse afectadas son representantes gubernamentales que acuden a Estados Unidos para reuniones en organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o las Naciones Unidas.

Por último, se genera otra duda: si la orden de Bush habla de sancionar también a quienes corrompan a funcionarios, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de los ejecutivos IBM, algunos norteamericanos, mencionados en el caso de la informatización del Banco Nación?

La Casa Blanca logró el martes que los jefes de gobierno presentes en la Cumbre de las Américas de Monterrey aprobaran como parte de la declaración final el compromiso de «denegar refugio a los funcionarios corruptos, a quienes los corrompen y a sus bienes». De acuerdo con la Declaración de Nueva León, los gobiernos americanos prometen cooperar en la extradición de los funcionarios corruptos, «recuperar y repatriar» los fondos desviados en este tipo de manejos y «devolverlos a sus propietarios legítimos».

Sin embargo, Estados Unidos no logró su propósito de que en la declaración se consagrara también la exclusión de los países más corruptos del sistema interamericano.