El nuevo gobierno chileno suspendió el plan que buscaba regularizar a 182.000 migrantes y endurece su política migratoria.
El gobierno de Kast frenó el plan de Boric que buscaba regularizar a 182.000 migrantes en situación irregular.
El gobierno de José Antonio Kast frenó la regularización de 182.000 migrantes en Chile, impulsada por la gestión anterior de Gabriel Boric, y confirmó un giro en la política migratoria del país. La decisión fue comunicada por el Servicio de Migraciones y marca el inicio de una estrategia más restrictiva frente al ingreso irregular.
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La administración saliente de Gabriel Boric había dejado listo un decreto para regularizar a unas 182.000 personas que participaron en un proceso de empadronamiento, principalmente migrantes que habían ingresado de forma irregular al país.
Sin embargo, el nuevo gobierno decidió no avanzar con esa iniciativa. “No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric”, aseguró el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum.
El funcionario también justificó la medida con datos recientes: “afortunadamente” el decreto “no se llevó a cabo porque hoy día nos hemos enterado que 6000 personas de las 182.000 ya cometieron un delito”.
La decisión se enmarca en una línea más dura impulsada por Kast desde el inicio de su gestión. Durante su campaña, el mandatario había prometido reforzar los controles y avanzar con la expulsión de los migrantes en situación irregular.
Según cifras oficiales, actualmente hay cerca de 337.000 migrantes irregulares en Chile, en su mayoría de origen venezolano. El nuevo gobierno plantea reducir ese número mediante políticas más estrictas.
A pocos días de asumir, Kast viajó a la región de Arica, en la frontera con Perú, para supervisar la construcción de barreras destinadas a frenar el ingreso irregular de personas al país.
Además, su administración anunció el envío al Parlamento de dos proyectos de ley clave. Uno busca sancionar a quienes faciliten el ingreso ilegal de migrantes, mientras que el otro propone convertir en delito el acceso irregular al territorio chileno.
Con estas medidas, el gobierno busca redefinir la política migratoria del país y enviar una señal clara respecto al control de fronteras, en un contexto regional marcado por el aumento de los flujos migratorios.
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