Mientras las autoridades de Chile denuncian que la entrada de extranjeros al país, especialmente venezolanos desde el Norte, generó una crisis social y migratoria, especialistas del tema y ONGs alertan sobre el aumento de la xenofobia, por lo que le piden al Gobierno que abandone sus políticas restrictivas y ayude a los recién llegados.
"Crisis humanitaria" y xenofobia en Chile por el aumento de la inmigración
Chile tiene más de 1,4 millones extranjeros residentes, según datos del Departamento de Migración y Extranjería.
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La idea de una crisis migratoria comenzó a circular en la prensa y el debate público chileno a fin de julio cuando las autoridades locales de la comuna (barrio) de Colchane, en la región de Tarapacá, cerca de la frontera con Bolivia, denunciaron que la zona estaba colapsada por la entrada de más de 200 personas a diario que acampaban en lugares públicos, lo que causó la incomodidad y el rechazo de los vecinos.
En reiteradas entrevistas, Javier García, alcalde de Colchane, sostuvo que enfrenta una crisis generalizada por la excesiva llegada de migrantes y acusó al "Plan Colchane" del Gobierno de Sebastián Piñera de "fracaso".
Francisca Vargas Rivas, directora de la Clínica Jurídica de Inmigrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, coincidió en que la situación actual se inició "debido a las políticas migratorias restrictivas del Gobierno, impuestas a partir del año 2018".
"Comenzó por cambiar las reglas migratorias por reglas que son objetivamente más restrictivas", explicó y opinó que estas medidas no frenaron la inmigración.
Vargas además puso como ejemplo la cantidad de documentos que el Gobierno exige para el proceso migratorio y agregó: "Las personas tienen a mano el ingreso por pasos no habilitados ya que la vía regular no es alcanzable para ellos".
En el caso de los venezolanos, se impuso una Visa de Responsabilidad Democrática en 2018, como medida para regular su entrada a Chile, pero "obtener desde Venezuela una visa es lento y caro".
Además, destacó, "el porcentaje de otorgamiento es bajísimo, de menos de un 30%".
La llamada crisis migratoria que denuncia el Gobierno se agudizó en los últimos días cuando las autoridades desalojaron un campamento de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, instalado en una plaza de la norteña ciudad chilena de Iquique.
Esta decisión política dio aire de inmediato a los sectores de la sociedad que hacía tiempo venían pidiendo la expulsión de estas personas. Ese mismo día, una marcha antiinmigrantes se movilizó hasta otro campamento que los desalojados habían levantado y quemaron sus carpas y sus pertenencias ante la mirada de decenas de ciudadanos y la inacción policial.
Ante estos hechos, organizaciones de la sociedad civil emplazaron al Gobierno a cambiar su política migratoria y asumir su responsabilidad en la ausencia de una respuesta integral para enfrentar la inmigración.
Mariana Zalchendler, presidenta de la Comisión Presidencial para Diáspora Venezolana en Chile, dialogó sobre la situación en el norte del país y afirmó que "esto (inmigrantes venezolanos en plazas públicas del norte) era una olla de presión y nunca se destapó para aligerar la situación".
Aseguró que la actual crisis migratoria en el Norte es "muy compleja y muy dolorosa" y que fue agravada por el cierre de fronteras debido a la pandemia, pero reconoció que desde hace más de un año, los iquiqueños vienen denunciando la situación con los venezolanos.
El Gobierno de Piñera no cambió su política migratoria, pero sí anunció esta semana un despliegue de fuerzas policiales y militares en la macrozona norte del país y un plan de "medidas humanitarias", principalmente la apertura de albergues móviles para una atención integral de los inmigrantes en Colchane, Iquique y Antofagasta.
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