Centenares de soldados llegaron en la noche del miércoles a Chicago, luego de que el presidente Donald Trump pidiera encarcelar al alcalde y al gobernador de Illinois por supuesta falta de cooperación frente a las protestas contra las redadas migratorias. Las autoridades locales habían rechazado su despliegue.
Cientos de soldados llegan a Chicago tras orden de Donald Trump para reforzar operaciones de inmigración
El despliegue de tropas de la Guardia Nacional busca proteger al personal federal durante las protestas contra redadas migratorias.
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Centenares de soldados comenzaron a desplegarse en Chicago tras las órdenes del presidente Donald Trump.
Cerca de 200 guardias nacionales provenientes de Texas y 300 de Illinois iniciaron operaciones en la ciudad bajo el control del Comando Norte de Estados Unidos. Según el organismo, “esos soldados son empleados para proteger a los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otro personal de gobierno que desempeña funciones federales”, mientras supervisan la zona metropolitana y coordinan la protección del personal federal.
Chicago, la mayor ciudad de Illinois y tercera del país, se convirtió en el foco más reciente de la estrategia de Trump contra la inmigración ilegal. La medida coincide con un despliegue previo de la Guardia Nacional en otras ciudades demócratas, como Los Ángeles, Washington y Memphis, en cada caso enfrentando la oposición de autoridades locales.
Reacciones y protestas
La policía federal de inmigración, ICE, despliega decenas de agentes enmascarados en varias ciudades demócratas y está a cargo de las redadas contra inmigrantes ilegales, bajo presión de las declaraciones de Trump.
Los alrededores del centro de detención de ICE en las afueras de Chicago son escenario de protestas diarias de activistas que intentan bloquear la salida de vehículos de los agentes; en ocasiones se lanzan piedras y botellas.
La oposición demócrata presentó recursos judiciales para impugnar la legalidad del despliegue militar, acusando al presidente de “castigar a sus enemigos políticos”. La medida genera un debate sobre la competencia federal y local en seguridad y derechos civiles, en el marco de la estrategia nacional de Trump contra la inmigración irregular.
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