Colombia y EEUU formalizaron el polémico pacto militar

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe

Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaron el acuerdo que permite el acceso de militares y contratistas norteamericanos a siete bases locales, durante un acto realizado en la Cancillería en Bogotá.

El acto se realizó en privado con la presencia del canciller Jaime Bermúdez, los ministros de Defensa, Gabriel Silva, y de Interior y Justicia, Fabio Valencia, y el embajador estadounidense, William Brownfield, quienes estamparon la rúbrica que da vida al pacto.

El acuerdo permite la presencia de hasta 800 militares y unos 600 contratistas estadounidenses quienes en adelante podrán operar desde las bases de Malambo en el departamento (estado) del Atlántico, norte; Palanquero, centro del país; Apiay, en el departamento del Meta, sur; y las bases navales de Cartagena, sobre el mar Caribe, y del Pacífico.

Además se suman las bases del ejército de Tolemaida, en el departamento del Tolima, centro, y Larandia, en Caquetá, sur del país.

"De todo corazón les digo para nosotros es muy positivo, para nosotros es además una necesidad y para la región tiene beneficios también", dijo el comandante de las fuerzas militares, general Freddy Padilla, al entrar al recinto donde se firmó el acuerdo.

El gobierno de Colombia sostiene que el pacto de cooperación militar con Washington está destinado a su lucha contra los grupos guerrilleros y el narcotráfico.

Sin embargo, varios países de la región lo consideran una "agresión" y hasta un acto "inamistoso".

Venezuela es el país que tiene las mayores reservas hacía el acuerdo, por considerar que abre la posibilidad a supuestas agresiones estadounidenses a sus intereses, y su molestia se tradujo en el distanciamiento diplomático con Bogotá.

Otras naciones como Brasil tienen reparos sobre el alcance del acuerdo y el temor que desborde las fronteras colombianas, por lo que exige garantías en ese sentido.

El gobierno colombiano informó en la víspera que el acuerdo no pasaría por el Congreso de su país, ni sería sometido a revisión de la Corte Constitucional, pese a los reparos que sobre el mismo hizo el Consejo de Estados, máximo tribunal contencioso.

Por su parte, el embajador Brownfield anunció que su país sí dará trámite al pacto por el congreso estadounidense antes de su entrada en vigencia.

El acuerdo tiene una vigencia de 10 años y se estima que durante ese tiempo Washington desembolsaría unos 400 millones de dólares para adecuación de las bases y el sostenimiento de sus hombres.