Comienza el megajuicio al entorno de ETA en España

Dos de los supuestos proetarras llevados a juicio en España se saludan poco antes de la apertura de las audiencias. Según analistas, se trata de un proceso histórico para liquidar "el estómago, el corazón y la cabeza" de ETA.

Madrid (EFE, AFP, ANSA, LF) - La Justicia española abrió ayer el mayor proceso de su historia contra el entramado financiero, político, mediático e internacional de la organización terrorista ETA, en el que 56 personas se sientan en el banquillo. El megajuicio se produce en momentos en que crecen los rumores sobre una eventual declaración de tregua del grupo independentista vasco.

Los acusados comparecieron ante la Audiencia Nacional española, que ha habilitado unas instalaciones especiales en la periferia de Madrid para albergar este proceso, que se prolongará durante varios meses.

El fiscal pide para los acusados penas que oscilan entre los 10 y los 51 años de prisión, por delitos que van desde la integración en organización terrorista hasta el falseamiento de la contabilidad de registros fiscales.

El proceso responde a las investigaciones sobre varias organizaciones supuestamente relacionadas con la banda terrorista que concluyó el juez español Baltasar Garzón en 2002. Más de 200.000 folios y 600 tomos componen el sumario de este proceso instruido por el magistrado, quien sostiene la tesis de que ETA no sólo está formada por comandos armados.

Entre las organizaciones investigadas, cuyos miembros se sientan en el banquillo, figuran la independentista Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), presunto aparato político de ETA y su sucesora tras ser ilegalizada y que responde a las iniciales de EKIN. También fueron procesados miembros de XAKI, considerado el aparato de relaciones exteriores de ETA, y de varias empresas editoriales y medios de comunicación vascos, como el diario «Egin», que presuntamente han actuado como soporte ideológico de los terroristas.

• Teoría

Para el juez Garzón, el grupo terrorista ha mantenido siempre el control de esas estructuras, sirviéndose de ellas para la consecución de sus fines. Esta teoría implica que los miembros de esas asociaciones deben ser considerados integrantes de ETA y condenados por ello.

La importancia del juicio radica en que, esta vez, los procesados son miembros de organizaciones que, según Garzón y la Fiscalía, constituyen «el estómago, el corazón y la cabeza» de ETA. Se trata, según el magistrado, de los «aparatos» que durante décadas han posibilitado la supervivencia de la banda y la continuidad de la actividad terrorista.

En la apertura de la vista, los abogados defensores pidieron la suspensión del proceso, lo que fue rechazado por la Audiencia, mientras los primeros procesados se negaron a declarar ante el fiscal al considerar que se trata de un juicio político.

El proceso ha provocado reacciones entre diversos sectores del país, como la del ministro español del Interior, José Antonio Alonso, quien se mostró convencido de que el juicio tendrá «todas las garantías legales». También, el dirigente del opositor Partido Popular (PP) Angel Acebes calificó el proceso de «histórico» y valoró que se juzgue a «todos aquellos que han colaborado o contribuido a uno de los ataques más graves a la libertad y al derecho de los ciudadanos».

No compartió esta opinión el responsable de Justicia del gobierno regional vasco, el nacionalista moderado Joseba Azkárraga, quien mostró su deseo de que la Audiencia absuelva a los acusados porque, según dijo, «no todo es ETA».

Para la Fiscalía, la organización KAS fue la encargada de elaborar un proyecto de financiación para el sostenimiento económico de ETA y la coberturade gastos de sus «miembrosliberados». Ese proyecto incluía la creación de pequeñas y grandes empresas dedicadas a actividades tan dispares como los viajes, los seguros, la comercialización de bacalao o la fabricación de sillas.

Garzón también consideró parte del entramado financiero de ETA a varias empresas editoriales, cuya suspensión de actividades supuso la clausura, en julio de 1998, del diario «Egin» -que habitualmente publica los comunicados del grupo armado de la emisora Egin Irratia.

Todos los procesados, que quieren convertir este juicio en un altavoz para sus proposiciones de solución al conflicto vasco, se encuentran actualmente en libertad, salvo tres que cumplen prisión preventiva por su relación con otros procesos.

Mientras, persiste la versión sobre una posible tregua de ETA, requisito para una eventual negociación con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que cuenta con el respaldo de la mayoría parlamentaria, pero no de un PP que no deja de crecer en las encuestas.

El brazo político de ETA, la ilegalizada coalición Batasuna, lanzó hace un año una propuesta de «arreglo político» del «conflicto vasco», avalada por ETA en un comunicado.

Zapatero tendió luego la mano a la organización armada prometiéndole «diálogo político» si renunciaba antes de forma definitiva a la violencia.