30 de marzo 2017 - 19:29

Condena internacional al TSJ de Venezuela

Las miradas apuntan al Gobierno del presidente Nicolás Maduro por el autogolpe en Venezuela.
Las miradas apuntan al Gobierno del presidente Nicolás Maduro por el autogolpe en Venezuela.
Una extensa lista de países repudió decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de quitarle los poderes a la Asamblea Nacional, después de que la corte despojara de sus funciones a los diputados.

"Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña considerablemente las instituciones democráticas en Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho a determinar el futuro de su país a través de sus representantes electos", señaló Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de un comunicado. "Lo consideramos un grave revés para la democracia", añadió.

El Departamento de Estado, que dirige Rex Tillerson, recordó que esta semana las democracias del continente hicieron un llamado en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Venezuela "a respetar sus instituciones democráticas mientras busca una solución negociada a su crisis política, económica y humanitaria".

En tanto, la Unión Europea pidió un "calendario electoral claro" en Venezuela y llamó a "respetar la Asamblea Nacional y a todos sus miembros".

"Es de suma importancia establecer un calendario electoral claro y respetar a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros, como prevé la Constitución", señaló en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.

"Las recientes resoluciones (...) están poniendo en tela de juicio los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y restringiendo la inmunidad parlamentaria de sus miembros, elegidos democráticamente por el pueblo venezolana", agregó.

La presidenta del Congreso de Perú, Luz Salgado, condenó al Tribunal de Justicia de Venezuela y pidió a Nicolás Maduro no detener a los parlamentarios opositores. Asimismo, confió en que "el Poder Ejecutivo también está realizando las acciones correspondientes como activar la Carta Interamericana de la OEA (Organización de Estados Americanos), que significaría que se reúnan los cancilleres de todos los países que firmaron ese acta".

La titular del Parlamento lamentó que, sistemáticamente, el Gobierno de Maduro venga agrediendo a la Asamblea Nacional (Parlamento) venezolana. Además, Salgado pidió al Gobierno venezolano que no ejecute la orden de captura contra los parlamentarios venezolanos, a quienes "arbitrariamente se les privó de su inmunidad".

Además, el Gobierno de Perú anunció el retiro definitivo de su embajador en Venezuela, Mario López Chávarry, tras la decisión del TSJ.

"Frente a la gravedad de estos hechos, el Gobierno de Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su embajador en la República Bolivariana de Venezuela", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano en un comunicado.

La retirada definitiva del embajador de Perú en Venezuela "no implica" la ruptura de relaciones diplomáticas bilaterales porque la embajada peruana en Caracas "sigue abierta", a cargo del encargado de negocios, Carlos Rossi.

Por su parte, Colombia rechazó los sucesos en Venezuela y consideraron que son necesarios poderes públicos fuertes e independientes para fortalecer la democracia.

"Rechazamos esta no división de los poderes. Acá es clarísimo que necesitamos unos poderes públicos fuertes, independientes, para poder fortalecer la democracia", dijo en rueda de prensa la canciller María Ángela Holguín.
"Esto lo único que hace es profundizar aún más esa crisis que vive Venezuela", agregó, al comparecer ante periodistas junto a su homólogo de México, Luis Videgaray, de visita en Bogotá. Holguín insistió en la importancia de "un diálogo entre venezolanos".

En un comunicado emitido poco después por la cancillería colombiana, el gobierno de Juan Manuel Santos señaló su "profunda preocupación" por la decisión adoptada por el TSJ, la más alta instancia judicial de Venezuela, de asumir las competencias del Parlamento, de amplia mayoría opositora y al que considera en desacato.

El Gobierno de Brasil repudió calificó como una "clara ruptura del orden constitucional" en Venezuela después de que el Tribunal Supremo de ese país suspendiera las funciones del Parlamento.

"El Gobierno brasileño repudia la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) que retiró las prerrogativas de la Asamblea Nacional, en una clara ruptura del orden constitucional", señaló Brasilia en un comunicado.

"El pleno respeto a la independencia de poderes es un elemento esencial de la democracia", agregó el Gobierno de Michel Temer. "Las decisiones del TSJ violan ese principio y alimentan la radicalización política en el país", sostuvo el texto.

El país más grande de la región atribuyó además la "responsabilidad primaria para invertir el rumbo de la crisis" en Venezuela al Gobierno de Nicolás Maduro y pidió "ponderación" y un "diálogo efectivo" a "todos los actores relevantes" del país.

Chile expresó su preocupación por los acontecimientos en Venezuela. "Quisiera expresar la alta preocupación del Gobierno de Chile por el agravamiento de la situación venezolana", dijo el canciller Heraldo Muñoz desde Portugal, donde acompaña en una gira a la presidenta Michelle Bachelet.

"Lo que queremos es un entendimiento en Venezuela, que los propios venezolanos resuelvan sus asuntos, pero claramente esto va en la dirección opuesta", subrayó.

Muñoz dijo que Chile "reafirma lo expresado por los 20 países de la OEA hace poco más de 24 horas", de que se busquen vías en el menor plazo posible para ayudar a resolver la crisis política, económica, social y humanitaria que vive el país sudamericano.

"Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos el cómo proceder de ahora en adelante", concluyó el canciller chileno.

A su vez, el gobierno de México, cuya diplomacia encabezó la semana pasada una iniciativa de 14 países americanos pidiendo una resolución a la crisis política en Venezuela, expresó este jueves su preocupación tras la decisión del Tribunal Supremo venezolano.

Esta decisión "atenta contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes", señaló la cancillería mexicana en un comunicado, al tiempo que reiteró su disposición "a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela" para solucionar la situación en el país.

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