Congreso pide procesar a hombres cercanos a Lula

Brasilia (EFE, ANSA, AFP) - La última de las comisiones parlamentarias que investigó asuntos de corrupción en el partido y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva concluyó ayer su trabajo con la petición de procesar a 79 personas, varias del entorno más íntimo del presidente brasileño.

El grupo, conocido como «comisión de los bingos», que investigó la supuesta relación entre el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y las mafias del juego ilegal, incluyó en la extensa lista de personas a procesar penalmente al ex ministro de Hacienda Antonio Palocci y al abogado Paulo Okamoto, amigo íntimo del jefe de Estado.

El informe fue aprobado por 12 votos a 2 pese a la resistencia de la bancada del gobierno.

La oposición, por su parte, no consiguió citar al propio jefe de Estado, cuya candidatura a la reelección sería lanzada este sábado por el partido.

El informe, que será remitido ahora a la Procuraduría, para que a su vez lo presente ante la Justicia penal, tiene unas 1.400 páginas y pide procesar también a Waldomiro Diniz, ex asesor de la Jefatura de Gabinete vinculado a José Dirceu, titular de esa cartera hasta junio del año pasado.

El documento sostiene que quedó totalmente probado que Diniz extorsionó a mafiosos del juego ilegal en Rio de Janeiro para financiar campañas del PT de 2002.   

«Tesorero personal»

Okamoto, un antiguo amigo de Lula y de quien se dice que oficiaba como «tesorero personal» del mandatario, preside el estatal Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae). El documento afirma que se negó a esclarecer el origen del dinero que usó para pagar deudas por unos 13.000 dólares que Lula tenía con el PT, y otras por valor no precisado contraídas por Lucian, una hija del mandatario.

Las otras 76 personas que el informe pide procesar están vinculadas directa o indirectamente al PT, o a supuestas redes de corrupción tejidas por esa fuerza política en alcaldías del estado de San Pablo. En esos municipios, según el informe, el partido fundado por Lula en 1980 recaudó dinero de forma ilegal mediante coimas que eran pagadas por empresas de transporte o recolección de basura a cambio de mantener sus contratos. Palocci, ministro de Hacienda y «timonel» de la economía brasileña hasta marzo pasado, cuando renunció acusado de abuso de poder y corrupción, fue implicado en uno de esos casos, relacionado a la época en que era alcalde del municipio de Ribeirao Preto.

A esas corruptelas, el documento aprobado ayer agrega un hecho de sangre y sugiere que el PT es, al menos, sospechoso. Se trata del secuestro y asesinato de Celso Daniel, ocurridoen enero de 2002 cuando era alcalde de Santo André y acababa de ser nombrado coordinador de la campaña que finalmente llevó a Lula al poder. Según el informe, hay indicios de que Daniel fue asesinado después de haber amenazado con revelar los ilícitos en que estaba involucrado el PT.

La «comisión de los bingos» era la última de las tres creadas en el Congreso para investigar las corruptelas que el año pasado pusieron al gobierno contra la pared. Una concluyó sin llegar a nada y la otra pidió procesar a más de un centenar de personas, de las cuales cuarenta ya han sido acusadas formalmente ante la Justicia, entre ellas, el ex ministro José Dirceu, durante dos décadas uno de los más fieles «escuderos» de Lula.