Corte europea abre la puerta a la liberación de presos de ETA

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) exigió la liberación de la etarra Inés del Río Prada, con lo que dio por anulada la aplicación retroactiva de la doctrina Parot y abrió la puerta a la liberación de decenas de presos de ETA.

El Tribunal condenó una vez más a España por la detención prolongada de Inés del Río Prada, a raíz de la aplicación retroactiva de la llamada doctrina Parot, y pidió su liberación "en el más corto plazo".

Esta decisión de la Gran Cámara del TEDH confirma el veredicto pronunciado en julio de 2012 por el tribunal de Estrasburgo, que es ahora definitivo.

Como en el veredicto de 2012, el TEDH reprochó a España el haber aplicado a la demandante Inés del Río Prada de manera retroactiva la nueva jurisprudencia, llamada doctrina Parot, y consideró que España violó en este caso la Convención Europea de Derechos Humanos.

"El Tribunal estima que la demandante no podía ni prever que el Tribunal Supremo aplicaría un cambio de jurisprudencia en febrero de 2006 ni que ese cambio de jurisprudencia le sería aplicado acarreando una postergación de la liberación", de 2008 a 2017, estimaron los jueces de Estrasburgo.

"Por tanto, la demandante ha purgado una pena de detención de una duración superior a la que hubiera debido sufrir según el sistema jurídico español en vigencia en el momento de su condena", consideró el tribunal, que pidió a España que libere a Inés del Río Prada "en el más breve plazo".

Este veredicto definitivo podría obligar a España a liberar a decenas de presos de la organización separatista armada vasca ETA, y también a reos condenados a largas penas por causas comunes.

La decisión del tribunal se anuncia poco después del segundo aniversario del alto el fuego definitivo anunciado por ETA, responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de atentados.

Por su parte, el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, afirmó durante una rueda de prensa conjunta con el titular de Interior Jorge Fernández Díaz que "lamenta el fallo". Asimismo, el funcionario dijo que "la decisión corresponde a la Justicia española" y que "no es una decisión gubernativa sino judicial".

Gallardón recordó, no obstante, que la decisión del TEDH "afecta a un caso concreto", el de la miembro de ETA Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de cárcel, y que corresponde a la justicia española decidir caso a caso.

"Se ha producido un fallo pero no hay una doctrina y habrá que resolver individualmente", explicó el ministro de Justicia.

La jurisprudencia llamada doctrina Parot establece que las reducciones de condena se aplican sobre cada una de las penas que pesan sobre la persona detenida, y no sobre los 30 años de cumplimiento máximo efectivo de cárcel previsto por la ley.

Esta interpretación prolonga el tiempo de encarcelamiento en caso de múltiples condenas.

Del Río, de 55 años y encarcelada desde 1989, fue condenada a diferentes penas por su participación en diversos atentados. El total de las condenas sumaba más de 3.000 años de cárcel que en la práctica quedaron reducidos a 30 años, el máximo de cumplimiento efectivo, según la legislación española entonces en vigor.

En 2008, el centro penitenciario en el que cumplía condena propuso el mes de julio de ese año como fecha para su liberación tras la aplicación de las redenciones de condena previstas en la legislación por su trabajo en prisión sobre los 30 años.

Pero diversas instancias judiciales rechazaron esta propuesta en virtud de una nueva interpretación judicial, la doctrina Parot, adoptada en 2006 y cuya aplicación retrasa la liberación de Del Río a 2017.

Durante una audiencia celebrada en Estrasburgo en marzo de 2013, la defensa de la etarra solicitó a los jueces que confirmen el veredicto que condena a España. No hacerlo "diluiría la protección del individuo contra la arbitrariedad", argumentó uno de sus abogados.

Por su parte, los representantes del gobierno español subrayaron que no hubo violación de los derechos de la militante y reprochó al TEDH que se extralimitara en sus funciones al estudiar la manera en que España aplica las redenciones de penas.

Según Madrid, no se produjo una aplicación retroactiva de una nueva jurisprudencia, sino una aplicación de una interpretación mejorada del derecho en vigor desde los años 1970.

"¿Un crimen equivale a 130 crímenes?", preguntó a los jueces europeos Sanz Gandasegui, uno de los representantes de España, defendiendo la legitimidad de la doctrina Parot.

Sanz Gandasegui dijo entonces que una condena de España en este caso afectaría principalmente a "54 miembros de ETA" y a "14 prisioneros comunes", entre ellos reincidentes.