Cuando las Cortes Supremas juzgan temas serios sin presión política

• Apurada por posible renuncia de dos miembros, la Corte de EE.UU. acaba de emitir varios fallos clave. Son síntomas de modernización, aunque algunos critican porque limitan el derecho de propiedad. • Uno extiende el concepto de «utilidad pública» y permite expropiar inmuebles para construir, ya no sólo escuelas o autopistas, sino también shopping u hoteles. • Otro responsabiliza a los sitios de Internet de las violaciones al derecho de propiedad de sus usuarios, favoreciendo a las grandes productoras de música y de cine. • Un tercer fallo avaló la pretensión del gobierno de EE.UU. de que los periodistas revelen fuentes en casos sensibles. Dos de ellos arriesgan ahora penas de cárcel. • Por último, dio un triunfo a George Bush al decidir que las compañías de cable pueden negarse a prestar sus redes a empresas proveedoras de Internet. Arriesga más monopolio, pero facilita grandes inversiones en el sector.

New London, EE.UU. (Diarios locales) - La Corte Suprema estadounidense aprobó con 5 votos a favor y 4 en contra la expropiación de propiedades particulares por parte de un gobierno municipal para llevar a cabo proyectos de inversión privada, informó el diario «The New York Times».

El fallo, emitido el 23 de junio, se basó en un juicio de propietarios contra la ciudad de New London, en el Estado de Connecticut, que decidió expropiarse de casas de familia para facilitar la instalación de un centro comercial, un hotel y un paseo turístico en el río Thames, aseguró el rotativo.

Anterior a la decisión de los magistrados, que amplía drásticamente el concepto de «utilidad pública», las expropiaciones se llevaban a cabo sólo para la realización obras comunitarias, como hospitales, calles, escuelas y parques. Sin embargo, el Estado podrá ahora expropiar propiedades privadas en favor de inversores que deseen desarrollar negocios en una zona imponiendo un nuevo límite al derecho de propiedad.

Anthony Kennedy, David Souterm, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer y John Paul Stevens fueron los jueces que estuvieron a favor de la ciudad. El plan fue «cuidadosamente formulado», ya que responde a «necesidades públicas», aseguró Stevens.

En cambio, el presidente de la Corte, Willian Rehnquist, Antonin Scalia, Clarence Thomas y Sandra Day O'Connor se declararon en contra. «Las consecuencias de la decisión no son difíciles de predecir y prometen ser dolorosas», afirmó Thomas.

«Los llamados programas de renovación urbana ofrecen algunas compensaciones por las propiedades que se toman, pero no es posible que no sean compensados por el valor subjetivo que se les imponen a las propiedades.»

Asimismo, «cualquier propiedad no debería ser tomada para el beneficio de otra parte privada. Las ciudades no deberían tener autoridad limitada para desarraigar familias, incluso se reciben compensación, simplemente por el hecho de acomodar adinerados», aseguró O'Connor.

De esta manera, el fallo de la Corte, calificado de izquierdista por sus críticos, contrapone las opiniones de quienes defienden la propiedad privada contra quienes ven en la expropiación la posibilidad de desarrollo.