"Cumplimos más allá de nuestra obligación"

La Paz (enviado especial) - «Hemos cumplido más allá de nuestras obligaciones», dijo una alta fuente de Repsol YPF-Bolivia a Ambito Financiero. La misma, que accedió a hablar con este enviado bajo el requisito de reserva de identidad, explicó cómo afrontará la petrolera española el nuevo escenario que impone la polémica Ley de Hidrocarburos promulgada la semana pasada en este país.

Las empresas extranjeras del sector energético son poco menos que el diablo para las voces de indígenas y partidos de izquierda que se alzan en la Bolivia de hoy. La fuente, por el contrario, dice a Ambito Financiero que «la apuesta de Repsol YPF por Bolivia fue muy fuerte, invertimos y además contribuimos al Tesoro Nacional con alrededor de 700 millones de dólares durante este tiempo. Entre directos e indirectos, hemos generado tres mil empleos». En cuanto al monto global de la inversión, la empresa española muestra cifras por 1.008 millones de dólares desde abril de 1997 hasta diciembre pasado.

Aunque en el sector empresarial apuestan a que finalmente la Ley de Hidrocarburos -que entró en vigencia el viernes y que obliga a mudar al nuevo marco a los 72 contratos firmados bajo la norma promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada- no entrará en vigor, ya advierten sobre consecuencias jurídicas si la norma se aplica tal como está. «La seguridad jurídica se ve claramente vulnerada. El propio Ejecutivo (de Carlos Mesa) lo ha venido diciendo desde antes de que la ley se promulgara», argumenta el ejecutivo de Repsol YPF. ¿Juicios? «Tendremos que defender los derechos de nuestros accionistas incluyendo a los pequeños accionistas bolivianos, que tiene sus inversiones en Andina. Como usted sabe, la mitad de la empresa Andina pertenece a los bolivianos. Con esta ley Andina pierde valor, sus utilidades disminuirán drásticamente afectando el pago del bono solidario para los bolivianos mayores de 65 años, gran parte de los cuales no tiene otra fuente de ingresos», explica.

No obstante, consultado sobre una negociación intermedia con el gobierno, el ejecutivo afirma que «nuestra obligación es agotar nuestros contactos con el gobierno para ver si somos capaces entre todos de encontrar soluciones sin renunciar a nuestros derechos».

En Repsol YPF niegan que Bolivia haya sido especialmente perjudicada por el marco dispuesto en 1997 por Sánchez de Lozada, incluso según criterios internacionales: «En nuestra opinión la carga impositiva es justa, el 'goverment take' es bastante superior al de todos nuestros vecinos, pero sobre este asunto ha habido demasiada desinformación, no siempre bien intencionada». Balances de la Confederación Boliviana de Hidrocarburos agregan que de cada 100 dólares de utilidades, «69 fueron para Bolivia y 31 para las empresas».

• Quejas periodísticas

La revista boliviana «Datos», nada sospechosa de estar detrás de la nacionalización de los hidrocarburos o la expropiación de las instalaciones privadas, se quejaba en su último número de que «las empresas extranjeras sólo responden con fríos comunicados que irritan y radicalizan más a los que reclaman».

En Repsol YPF argumentan que se relacionan con distintos sectores de la sociedad y que llevan invertidos «8 millones de dólares en obras sociales que benefician a cerca de 100 comunidades».

Aunque la alta fuente prefiere no entrar en temas políticos, lo escuchado ayer en las calles de La Paz por parte de los manifestantes permite avizorar un futuro nada armonioso para los intereses que cruzan este país.