El pleno de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional, formado por los magistrados de las cuatro secciones de la máxima instancia judicial española, resolverá si el juez Baltasar Garzón puede continuar investigando las desapariciones de personas en las dictaduras militares argentina y chilena, informaron hoy fuentes judiciales.
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Este mismo órgano fue el que en noviembre de 1998 decidió por unanimidad que cuando no se persiga el genocidio en el país donde se cometió ni exista una corte penal internacional, los tribunales españoles son competentes.
El presidente de la Sala de lo penal, Siro García, decidió que el pleno de este órgano resuelva el recurso de nulidad interpuesto contra la decisión de una de sus secciones, que el viernes pasado resolvió que no era competente para investigar el asesinato de Carmelo Soria, un funcionario español muerto en Chile durante la dictadura.
La medida tomó el argumento del Tribunal Supremo español que falló en mayo que la "apología de terrorismo no es delito de terrorismo", y por tanto no perseguible en el extranjero, para no procesar a Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna (brazo político de ETA) por gritar "viva ETA" en Francia.
Los jueces levantaron así la imputación por genocidio, terrorismo y torturas que pesaba sobre el ex ministro de la dictadura chilena Hernán Julio Brady por el asesinato de Soria.
Tras la decisión que adoptó el Pleno de la Sala de lo penal en 1998, el juez Garzón procesó al ex dictador chileno Augusto Pinochet y a un centenar de militares chilenos y argentinos.
El único procesado a disposición de la justicia española es el ex militar argentino "arrepentido" Adolfo Scilingo, quien confesó ante Garzón su participación en los llamados "vuelos de la muerte", en los que los oficiales arrojaban a los prisioneros políticos desde aviones al Río de la Plata.
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