La Habana (EFE, DPA) - Opositores cubanos denunciaron ayer que unos 30 disidentes fueron víctimas el pasado fin de semana de un episodio de «violencia» y «detenciones» por parte de la policía cubana en la provincia central de Santa Clara.
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El suceso tuvo lugar entre la noche del sábado y el domingo, cuando policías uniformados reprimieron a un grupo reunido en una casa de la localidad de Placetas, a unos 280 kilómetros al este de La Habana, según un comunicado de la promotora de la Agenda para la Transición, Martha Beatriz Roque.
La nota señala que agentes policiales rodearon la vivienda donde se celebraba la reunión política, impidieron la llegada de otros opositores que se dirigían al lugar, y golpearon y detuvieron por unas horas a algunos disidentes que salieron a la calle en protesta, enarbolando una bandera cubana.
Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos (considerada ilegal por las autoridades), dijo que «lo más nuevo» del episodio fue «el empleo de la policía uniformada y de una violencia casi inédita en los últimos años».
Sánchez manifestó «preocupación» por «la violencia desproporcionada empleada por los agentes especiales de la policía nacional y también de la Seguridad el Estado», y apuntó que los casi 30 detenidos ya están de vuelta en sus casas.
El opositor recordó que el método utilizado por las autoridades el fin de semana «se parece a lo ocurrido en la Plaza de la Revolución» de La Habana en abril pasado, cuando las autoridades desalojaron a la fuerza a una decena de mujeres del movimiento Damas de Blanco que intentaron realizar una protesta.
La semana pasada, el gobierno cubano denunció que diplomáticos estadounidenses en La Habana sirvieron de correos para entregar a disidentes, entre ellos Roque, unos pocos miles de dólares de un anticastrista preso en EE.UU. por tráfico de armas, Santiago Alvarez, al que La Habana califica de «terrorista». La denuncia fue divulgada durante varios días en ruedas de prensa de funcionarios, incluido el canciller Felipe Pérez Roque, y tuvo gran despliegue en los medios de comunicación de la isla, todos estatales. Aunque no se conoce hasta ahora ninguna medida diplomática concreta, la situación generó temor en medios opositores a una nueva vuelta de tuerca represiva del régimen.
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