10 de noviembre 2008 - 00:00

Divide al gobierno de Brasil la presión por derogar amnistía

Lula da Silva llegó ayer a Italia, donde tratará temas tan trascendentescomo la crisis financiera global. Sin embargo,podrá distraer su atención sobre un tema doméstico que lopreocupa: las divisiones en su gabinete acerca de la convenienciade dar por tierra con la Ley de Amnistía impuesta porel último régimen militar.
Lula da Silva llegó ayer a Italia, donde tratará temas tan trascendentes como la crisis financiera global. Sin embargo, podrá distraer su atención sobre un tema doméstico que lo preocupa: las divisiones en su gabinete acerca de la conveniencia de dar por tierra con la Ley de Amnistía impuesta por el último régimen militar.
En los medios, pero sobre todo dentro del gobierno brasileño, el debate sobre la revisión de la Ley de Amnistía de 1979 es cada vez más fuerte. A tal grado de confrontación llegó la polémica, que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de ordenar a su gabinete que se abstenga de pronunciarse sobre el tema ante la prensa.

La ley, promulgada durante el gobierno militar de Joao Batista Figueiredo, concedió la amnistía a todos los que «cometieron crímenes políticos o conexos» entre el 2 de setiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1979. Pero tres juicios, con sentencia pendiente en el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), en los que se acusa de tortura a dos coroneles que integraron la DOI-Codi (agencia de inteligencia) durante los años del «chumbo» (plomo), resucitaron las presiones por una interpretación de esa ley. Lo que divide las aguas en este momento es si los acusados de torturar durante el régimen militar deben ser juzgados. En otras palabras, si la tortura prescribe o no. El tema está complicado dentro del gabinete lulista. Ocho de sus miembros participaron en la guerrilla de los 60 y 70: Dilma Rousseff, ministra jefa de la Casa Civil (jefa de gabinete); Paulo Vannuchi, ministro de Derechos Humanos; Tarso Genro, de Justicia; Franklin Martins, de Comunicación Social; Celso Minc, de Medio Ambiente; Juca Ferreira, de Cultura; Luis Dulci, secretario general de la Presidencia; y Marco Aurelio Garcia, asesor presidencial.

  • Tortura

  • Rousseff -que fue torturada-, Genro y Vannuchi dijeron públicamente que la tortura es un crimen que no prescribe. En cambio, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, pidió «no mirar por el espejo retrovisor». El presidente del Senado, Garibaldi Alves (PMDB, partido centrista aliado de Lula), también sentó su posición: «No se puede rever una ley que ya produjo sus efectos y no existe más». El presidente del STF, Gilmar Mendes, recordó que la amnistía abarcó tanto a los torturadores del régimen como a los «líderes de la izquierda acusados de asesinato y robo». Revolvió más hondo en el avispero (y se anotó a buena parte del gabinete en contra) cuando dijo que «el terrorismo también es un crimen que no prescribe».

    Mientras tanto, la pelota está en la cancha de la Justicia. Y en un partido muy semejante por el que ya transitó la Argentina. La OAB (Orden de Abogados de Brasil) presentó una acción de inconstitucionalidad de esa ley ante la Suprema Corte. El ministro de Defensa Jobim -que, de acuerdo con algunas versiones, actuaría con instrucciones de Lula- pidió que sea la Procuraduría General de la Nación la que se expida sobre el tema. Ese organismo, a diferencia del STF, cuyos miembros tienen posiciones encontradas, pondría un punto final a la cuestión. Antes de que Lula diera la orden de callarse a todos, el procurador general había manifestado que la amnistía «fue amplia, general e irrestricta» y que «no caben nuevas discusiones sobre ella».

    Un congreso sobre derechos humanos celebrado en julio fue lo que puso a la Ley de Amnistía otra vez sobre el tapete. Si en algún momento se interpretó que esto era un intento -nostálgico- de «refundación ideológica» del PT (Partido de los Trabajadores) frente a las elecciones municipales de octubre, el asunto ahora se le fue de las manos al partido gobernante. El caso fue llevado a la OEA y seguramente llegue a su punto de ebullición en los próximos días, cuando se realice una audiencia pública en el Senado. Por las dudas, Vannuchi, el ministro de Derechos Humanos, pidió ayer se reabrieran los archivos sobre la guerrilla de Araguaia. Algo imposible, dice el Ministerio de Defensa: «Hace rato que fueron destruidos».

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