Ecuador: ONGs alertan por "vacío institucional"
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El pasado 15 de abril, el presidente de Ecuador, Lucio Gutiérres, destituyó por un decreto a los 31 jueces que integraban la Corte Suprema y que, a su vez, eran los magistrados nombrados por el Congreso en diciembre pasado, tras la remoción de la totalidad de los jueces del alto tribunal anterior.
Gutiérrez, que el lunes aseguró en Quito que no pensaba dimitir, también decretó el estado de excepción en un intento por controlar las manifestaciones que pedían su renuncia y la de los jueces de la Corte Suprema.
La CIJ y la CAJ subrayaron que, de acuerdo con el nuevo decreto, ninguno de los jueces anteriores como así tampoco ninguno de los recientemente destituidos puede volver a ocupar su cargo.
"El poder judicial constituye una de las piedras angulares sobre las que reposa toda democracia. La remoción de dos Cortes Supremas en cinco meses es desalentador y preocupante y supone un serio atentado contra la democracia en Ecuador", afirmaron ambas ONG.
Asimismo pidieron nombrar con "urgencia una Corte que garantice la independencia e imparcialidad de sus miembros y que se encuentre legitimada y capacitada para revisar todos los actos del Gobierno".




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