19 de abril 2005 - 00:00

Ecuador: ONGs alertan por "vacío institucional"

Ecuador: ONGs alertan por vacío institucional
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Comisión Andina de Juristas (CAJ) expresaron su profunda preocupación por el "vacío institucional" que se ha producido en Ecuador por la crisis que atraviesa el país, se informó hoy.

Ambas organizaciones no gubernamentales dijeron, mediante un comunicado de prensa en Ginebra, que la crisis de Ecuador "se ha profundizado con la destitución de todos los jueces de la Corte Suprema en diciembre de 2004 y la reciente injerencia del poder político en el poder judicial".

Asimismo apelan a las autoridades del país andino para que nombren una Corte Suprema "independiente e imparcial de conformidad con estándares internacionales y que garantice el normal funcionamiento del poder judicial".

"El nuevo vacío institucional producido en Ecuador y la incertidumbre de cara al futuro del poder judicial constituyen una seria amenaza para la democracia y el estado de derecho en dicho país", dijeron las organizaciones.

Subrayaron que "el equilibrio institucional debe reestablecerse cuanto antes, pero no sin garantizar un mecanismo de selección de jueces en el que la idoneidad de los candidatos, y no afiliación partidista, sea el factor determinante en los nombramientos".

Las dos comisiones de juristas señalaron a las autoridades de Ecuador que "no se puede abusar del estado de emergencia para desnaturalizar el normal funcionamiento del poder judicial".

El pasado 15 de abril, el presidente de Ecuador, Lucio Gutiérres, destituyó por un decreto a los 31 jueces que integraban la Corte Suprema y que, a su vez, eran los magistrados nombrados por el Congreso en diciembre pasado, tras la remoción de la totalidad de los jueces del alto tribunal anterior.

Gutiérrez, que el lunes aseguró en Quito que no pensaba dimitir, también decretó el estado de excepción en un intento por controlar las manifestaciones que pedían su renuncia y la de los jueces de la Corte Suprema.

La CIJ y la CAJ subrayaron que, de acuerdo con el nuevo decreto, ninguno de los jueces anteriores como así tampoco ninguno de los recientemente destituidos puede volver a ocupar su cargo.

"El poder judicial constituye una de las piedras angulares sobre las que reposa toda democracia. La remoción de dos Cortes Supremas en cinco meses es desalentador y preocupante y supone un serio atentado contra la democracia en Ecuador", afirmaron ambas ONG.

Asimismo pidieron nombrar con "urgencia una Corte que garantice la independencia e imparcialidad de sus miembros y que se encuentre legitimada y capacitada para revisar todos los actos del Gobierno".

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